El Pleno del Congreso debatirá este martes una iniciativa de EH Bildu, en la que se solicita al Gobierno que, alineándose con el requerimiento del Consejo de Europa, aumente la indemnización por despido improcedente. La finalidad de esta propuesta es garantizar una mayor protección para los trabajadores y establecer un sistema que sea “disuasorio” para los empresarios.
Propuesta de EH Bildu para la mejora de indemnizaciones
La formación ‘abertzale’ destaca que la actual normativa sobre despidos es insuficiente y requiere ajustes para adaptarse a las recomendaciones europeas. De este modo, Bildu exige una revisión de la legislación laboral para recuperar las condiciones previas a la reforma laboral de 2012, cuando la indemnización por despido improcedente se situaba en un nivel más acorde con la protección del trabajador.
En este sentido, enfatizan que lo que se necesita es un aumento en las indemnizaciones, de tal manera que se garantice la seguridad y los derechos de los empleados. Esto sería clave para disuadir a los empleadores de realizar despidos improcedentes, asegurando así un entorno laboral más justo y equilibrado.
Contexto y antecedentes de la recomendación
Cabe recordar que en 2022, el sindicato UGT denunció la vulneración de la Carta Social Europea en España en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente. A raíz de esto, el 27 de noviembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió una recomendación al país, sugiriendo que se estableciera un sistema indemnizatorio que no solo sea adecuado, sino que también actúe como un elemento disuasorio para las empresas.
Esta recomendación es especialmente relevante en un contexto donde se han realizado diversas reformas laborales en los últimos años, que en ocasiones han estado más enfocadas en facilitar el despido que en proteger los derechos de los trabajadores.
Reformas laborales: del 2012 al presente
La reforma laboral de 2012 se menciona en la propuesta como un claro ejemplo de cómo las leyes pueden afectar negativamente a los derechos laborales. En ese momento, las indemnizaciones por despido improcedente se redujeron de 45 a 33 días por año trabajado. Esta alteración ha generado un debate considerable sobre los efectos en la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores.
Además, EH Bildu critica que la reforma de 2021, liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, no recuperó las indemnizaciones anteriores, dejando a muchos trabajadores en una situación más vulnerable. Esto ha llevado a Bildu a unirse con otras formaciones, como ERC y BNG, en varias ocasiones para intentar revertir estas reformas, implementando propuestas que buscan recuperar la indemnización de 45 días.
El diálogo social y la reforma propuesta
A propósito de la situación actual, cabe mencionar que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha planteado la subida de la indemnización por despido como uno de los próximos desafíos a abordar en la mesa de diálogo social. Esta mesa, que reúne a diferentes agentes sociales, deberá centrar sus esfuerzos en encontrar una solución efectiva y consensuada sobre la reducción de la jornada laboral y la mejora de las indemnizaciones por despido.
Una relación equilibrada entre los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores es crucial para el desarrollo socioeconómico del país. ¿Cómo impactaría esto en el clima laboral y en la estabilidad del mercado? La respuesta a esta pregunta podría definir el rumbo de futuras reformas y el tipo de relaciones laborales que se establecerán en los próximos años.
Conclusiones del debate en el Congreso
La insistencia de EH Bildu en este tema pone sobre la mesa la importancia de revisar las indemnizaciones por despido improcedente y considerar el impacto que estas decisiones tienen en la vida de miles de trabajadores. La protección del empleo y la seguridad laboral no deberían ser temas de discusión, sino derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado.
A medida que se acerca el debate en el Congreso, la atención se centrará en cómo los distintos partidos políticos abordarán esta cuestión. La resolución de esta problemática podría no solo modificar el marco laboral español, sino también influir en la percepción pública de las políticas laborales del gobierno actual. La balanza entre la protección del trabajador y la flexibilidad del empresario está, sin lugar a dudas, en juego.
