El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha publicado recientemente un artículo en LinkedIn donde expresa su profunda preocupación sobre la reciente propuesta del Ministerio de Trabajo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. A su juicio, esta medida, que se ha pactado con los sindicatos COCO y UGT sin contar con el consenso de la patronal, podría fracturar el equilibrio establecido en los convenios colectivos. Cabe recordar que, hasta el momento, la reducción de horas se ha logrado en muchos casos de manera consensuada, lo que demuestra la capacidad de diálogo entre las partes.
La realidad de los convenios colectivos
De hecho, Garamendi sostiene que un significativo 24,78% de los convenios laborales ya han acordado voluntariamente jornadas de 37,5 horas para 2024, lo que indica que hay una tendencia en este sentido, pero que debería implementarse de manera flexible y adaptativa, no impuesta. En otras palabras, habría que preguntarse si realmente es necesario recurrir a una imposición para lograr avances en este ámbito.
Este tipo de imposiciones, argumenta, no solo ignoran los avances ya logrados, sino que también pueden desestabilizar el entorno laboral. Existe un riesgo latente de que, al actuar sin el consenso de todas las partes, se socave el diálogo social, uno de los pilares más importantes que ha garantizado la paz social en España durante las últimas cuatro décadas.
Un modelo único es inadecuado
Garamendi alerta sobre el hecho de que aplicar un modelo «uniforme» de jornada laboral ignora las diversas realidades y necesidades de los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, hay sectores que dependen en gran medida de la mano de obra intensiva, como la agricultura, la hostelería o el comercio. Estos son áreas donde la reducción de horas podría comprometer la viabilidad de pequeñas y medianas empresas, las cuales representan un pilar fundamental de la economía española.
Es crucial entender que una medida de esta magnitud no puede aplicarse sin tener en cuenta los efectos que puede generar en el delicado equilibrio de los sectores más vulnerables. Estas PYMES son el corazón de la economía local, y su salud debe ser considerada en la formulación de políticas laborales.
Implicaciones de la reducción de jornada
Por otro lado, el presidente de la CEOE también enfatiza que esta medida podría tener efectos negativos en la productividad. En su opinión, la premisa del Ministerio de Trabajo de que reducir la jornada aumentaría la productividad carece de fundamento sólido. «Los estudios demuestran que es el aumento de la productividad lo que facilita reducciones en el tiempo de trabajo», menciona Garamendi, subrayando que una imposición podría tener el efecto contrario al deseado.
Con una productividad ya baja en España, la imposición de una reducción de jornada podría profundizar aún más desajustes organizativos y aumentar los costos laborales, factor crítico para la supervivencia de muchas empresas en el contexto competitivo actual.
Los compromisos previos y el diálogo social
El líder empresarial también recuerda que hace apenas un año se firmó un acuerdo entre la CEOE y los sindicatos, el AENC, en el que se establecieron recomendaciones claras para la negociación colectiva para los años 2023, 2024 y 2025. Curiosamente, en dicho acuerdo no se incluyó la jornada de 37,5 horas, lo que plantea interrogantes sobre el enfoque actual que se está tomando. «La medida ignora los compromisos y utiliza el diálogo social como herramienta política», critica.
Así, Garamendi se manifiesta preocupado por una tendencia que podría frenar el desarrollo de la negociación colectiva, pues se prevé que solo se firmen 757 convenios en 2024, frente a los 1.041 del año anterior. ¿Cómo podemos esperar un avance en el mercado laboral si las condiciones para negociar se ven continuamente afectadas por imposiciones externas?
La competitividad empresarial en riesgo
Finalmente, el presidente de la CEOE advierte que la imposición legal de esta reducción de jornada podría poner en peligro la competitividad de las empresas en España. Garamendi concluye que cualquier cambio en la jornada laboral debe ser consensuado y adaptado a las realidades de producción de cada sector. Es fundamental que el diálogo social mantenga su papel crucial en la construcción de un entorno laboral justo y equilibrado.
Este enfoque cauteloso y fundamentado es vital para asegurar un futuro laboral donde tanto los trabajadores como las empresas puedan prosperar. Así, la negociación colectiva debería seguir siendo el método preferido para alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas, evitando riesgos innecesarios tanto para los empleadores como para los empleados.