La reciente caída del decreto ‘ómnibus’ ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre aquellos que dependen de las ayudas sociales y económicas que este instrumento legal garantizaba. En este contexto, el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha hecho un llamado a los partidos políticos para que prioricen los intereses ciudadanos sobre las estrategias partidistas. La negativa de formaciones como Junts, PP y Vox en el Congreso de los Diputados ha llevado a que UGT exija una rápida promulgación de un nuevo texto legal que restituya los derechos básicos de las personas afectadas.
Consecuencias de la caída del decreto ‘ómnibus’
El impacto de la caída de este real decreto podría ser severo. Por un lado, se interrumpirá la revalorización de pensiones y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que deja a muchas familias en una situación precaria. Además, no se continuará la suspensión de desahucios, una medida que ha ofrecido respiro a numerosas familias vulnerables. Este año pasado, dicha suspensión benefició a 1.641.084 personas, por lo que su eliminación es motivo de alarma.
También se verán afectados los subsidios de transporte público, los cuales ofrecían descuentos de hasta el 50% e incluso la gratuidad para ciertos colectivos. A nivel contributivo, se frenará el progreso en las reformas de pensiones iniciadas en 2021, como el incremento de la base máxima de cotización y la cuota de solidaridad para los salarios que la superen. Por si fuera poco, la financiación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) también queda en el aire.
La necesidad de una respuesta eficaz
UGT ha criticado la postura adoptada por los partidos políticos al votar en contra de este real decreto, señalando un “desapego alarmante” hacia las dificultades económicas que atraviesan millones de ciudadanos. ¿Es posible que los líderes políticos ignoren la realidad de la ciudadanía? Esta clara desconexión entre las decisiones políticas y las necesidades sociales no puede continuar.
Las consecuencias de esta situación son preocupantes, ya que implica la no prórroga del alza del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 y la cancelación de mejoras en las prestaciones relacionadas con el complemento de ayuda a la infancia. Este último beneficio era crucial para casi 867.000 menores, y su eliminación podría afectar gravemente a muchas familias ya de por sí vulnerables.
La importancia del decreto de compatibilidad entre empleo y pensión
En este mar de incertidumbre, hay que destacar que sí se ha convalidado un decreto que mejora la compatibilidad de empleo y pensión, el cual ha sido bien recibido por UGT. Este avance es especialmente significativo en lo que respecta a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo. Este tipo de medidas resulta crucial para aquellas personas que buscan equilibrar la transición hacia la jubilación con una necesidad de ingresos, en un contexto económico que cada vez presenta más desafíos.
Así, la lucha continua por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía debe ser una prioridad para todos los partidos, pues al fin y al cabo, las decisiones políticas tienen un impacto real en la vida cotidiana de millones de españoles. La responsabilidad asumida por los partidos para trabajar en función de las necesidades de la sociedad es una obligación ineludible.
Un llamado a la acción por parte de UGT
Desde UGT, la postura es clara: se requiere un «sentido común y de Estado». La urgencia de restituir derechos básicos es fundamental, ya que ni pensionistas, ni jóvenes, ni las personas más vulnerables pueden ser más rehenes de las disputas políticas. Se demanda una respuesta eficaz y rápida que aborde estos problemas urgentes, y que al mismo tiempo prevenga futuros retrocesos en derechos sociales esenciales.
En resumen, el mensaje de UGT es claro: es momento de unir esfuerzos para garantizar un futuro mejor para todos. La ciudadanía no debe pagar el precio de las estrategias políticas. Las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas serán cruciales, no solo para rectificar el impacto de la caída del decreto ‘ómnibus’, sino también para sentar las bases de una política más comprometida con las necesidades reales de la población.
