El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para este lunes una mesa de diálogo social sobre la reducción de jornada laboral. En este encuentro se espera que, tanto sindicatos como empresarios, se pronuncien sobre la propuesta que pretende disminuir la jornada semanal de 40 a 37,5 horas. Esta reducción es un objetivo claro del gobierno, que busca avanzar rápidamente en su legislación sobre este tema.
La postura de las patronales
Sin embargo, ya hay señales preocupantes en torno a posibles obstáculos en esta negociación. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme han manifestado su oposición a esta medida, argumentando que constituyen una «intromisión en la autonomía de la negociación colectiva», un principio inquebrantable según el artículo 37.1 de la Constitución. A pesar de esta postura, los representantes de estas organizaciones han confirmado su asistencia a la reunión del lunes.
Este rechazo podría abrir un escenario complicado para el Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha descrito la negativa de los empresarios como una excusa para evitar una «de las medidas más necesarias» dirigidas a mejorar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores. En este contexto, el ‘no’ de las patronales complica el camino hacia la redacción de un acuerdo viable entre las partes.
Acercamientos políticos por parte de los sindicatos
Consciente de la importancia de contar con apoyo político para poder avanzar, el liderazgo de los sindicatos CCOO y UGT no ha perdido tiempo. Este lunes, Unai Sordo y Pepe Álvarez realizarán reuniones con líderes políticos como Andoni Ortuzar del PNV y Arnaldo Otegi de EH Bildu. Estas conversaciones forman parte de una estrategia más amplia diseñada para asegurar los respaldos necesarios que faciliten la aprobación de la jornada reducida en el Congreso.
Los sindicatos han dejado en claro que no están dispuestos a hacer concesiones significativas a la patronal. El líder de UGT, por ejemplo, ha solicitado que se lleve a cabo la reducción de jornada «a pelo», es decir, sin compensaciones para las empresas que se nieguen a unirse al acuerdo. Esta postura refleja una creciente impaciencia por parte de los sindicatos, quienes buscan una resolución firme al tema.
Reacciones del Gobierno ante la negativa empresarial
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha sentido la necesidad de advertir sobre las implicaciones futuras del rechazo de CEOE y Cepyme. Si no se logra un acuerdo, la estructura de la propuesta podría cambiar drásticamente, llevando a que ciertos elementos, como las ayudas económicas destinadas a facilitar la transición hacia la nueva jornada laboral, sean eliminados. Estas ayudas habían sido pensadas como un apoyo fundamental para las pequeñas empresas que se enfrentarían al reto de adaptarse.
En un esfuerzo por hacer más atractiva la oferta de la agenda laboral, el Ministerio de Trabajo ha presentado una propuesta que incluye ayudas directas por un total de hasta 375 millones de euros. Esta asistencia está dirigida específicamente a pequeñas y medianas empresas (pymes) con menos de cinco trabajadores en sectores como la hostelería y el comercio. Además, se proponen dos nuevos programas de ayudas, que se consideran una extensión del llamado Kit Digital.
Detalles de la propuesta del Ministerio de Trabajo
En detalle, la propuesta del Ministerio de Trabajo sugiere ofrecer hasta 6.000 euros por microempresa, siempre y cuando mantengan el nivel de empleo actual durante un periodo de tres años. Este marco de apoyo se complementaría con el ‘Plan Pyme 375’, que tiene como objetivo facilitar la creación de empleo estable y permitir la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo en el contexto de la reducción de la jornada.
Además, entre las iniciativas que se están considerando, se incluye la garantía legal del derecho a la desconexión digital. Este aspecto es cada vez más relevante en un entorno laboral donde la tecnología juega un rol crucial. El Ministerio también busca establecer un nuevo registro horario que sea digital e interoperable para asegurar que se cumpla la jornada laboral establecida por ley.
Próximos pasos en la negociación
Con la fecha límite del 11 de noviembre marcada en el calendario, la presión sobre todos los actores involucrados es alta. Los sindicatos están decididos a instar al gobierno a avanzar hacia la legislación de la reducción de jornada, independientemente del rechazo empresarial. Las reuniones políticas que están llevando a cabo buscan crear un ambiente propicio para la aprobación de esta medida.
Además, CCOO y UGT han señalado que, de no avanzar con el acuerdo, será probable que adopten medidas de movilización para exigir la implementación de la jornada de 37,5 horas. Así, el horizonte se presenta con múltiples desafíos y a la vez, con la posibilidad de un giro significativo en las condiciones laborales en el país. Todo parece indicar que esto será un tema candente que seguirá atrayendo la atención en el futuro cercano.
