El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha expresado su compromiso de aprobar rápidamente el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) para evitar que se vuelva a los valores de 2023. Este regreso se produce tras la no prórroga del decreto ‘ómnibus’, que permitía la vigencia del incremento del SMI acordado el año pasado. Con la intención de encontrar soluciones eficientes, ha prometido que se buscarán fórmulas para tramitar el nuevo SMI a la «mayor brevedad posible».
Propuesta de CEOE y su evaluación
En una reciente reunión con representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, el Ministerio de Trabajo recibió una propuesta de CEOE que incluye un incremento del 3% para el SMI previsto para 2025. Sin embargo, Pérez Rey ha rechazado esta oferta al considerar que no respeta el compromiso de alcanzar un SMI equivalente al 60% del salario medio. Según él, «una propuesta del 3% no es adecuada», señalando que debe alinearse con los estándares establecidos por el comité de expertos del SMI.
Además, aunque CEOE ha presentado también sugerencias como indexar el SMI a los contratos públicos y ofrecer ayudas para el sector agrícola, no se han especificado en detalle qué tipo de apoyos se consideran necesarios. Este aspecto ha generado incertidumbre en las negociaciones, lo que ha llevado a aplazar la discusión para una nueva reunión programada para el próximo miércoles.
El impacto del SMI en la población laboral
Una de las cuestiones más relevantes sobre la discusión del SMI es su impacto en un porcentaje significativo de la población laboral. Pérez Rey destacó que la subida del SMI puede afectar hasta al 20% de los trabajadores en regiones como Extremadura, mientras que en otras comunidades, como Canarias y Murcia, genera un impacto similar. Esta medida no solo es crucial para mejorar las condiciones de vida, sino que también tiene un componente social importante, ya que de los trabajadores beneficiados, el 65% serán mujeres y casi el 26% serán jóvenes comprendidos entre los 16 y 25 años.
En este contexto, el secretario de Estado ha subrayado que cualquier decisión respecto al SMI no debe tomarse a la ligera, ya que tiene repercusiones directas en la vida diaria de muchas personas que dependen de estos ingresos para su sustento.
Negociaciones y futuros acuerdos
Durante las conversaciones, Pérez Rey también se refirió a las propuestas adicionales de CEOE y Cepyme, asegurando que si logran alcanzar un acuerdo sobre el porcentaje de aumento, no debería ser complicado llegar a un consenso respecto a otros temas planteados. Esto abre la puerta a la posibilidad de un acuerdo más amplio, beneficiando a diversas partes interesadas.
El secretario de Estado ha reiterado que la situación actual exige flexibilidad y disposición para negociar, y ha mencionado que ya se ha informado a CEOE sobre las condiciones imprescindibles para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, ha subrayado que aún no ha recibido una respuesta concluyente por parte de la patronal, que se ha remitido a sus órganos de dirección para una postura definitiva.
La importancia de un acuerdo rápido
Pérez Rey ha valorado positivamente el hecho de que CEOE finalmente haya presentado una propuesta para elevar el SMI, una diferencia notable en comparación con la postura de bloqueo mantenida durante negociaciones anteriores. No obstante, calificó la propuesta actual como «insuficiente», lo que evidencia la necesidad de seguir trabajando hacia una negociación más robusta.
«Esperamos que en la próxima reunión haya movimientos en las cifras propuestas o en las condiciones que la patronal ha planteado», ha afirmado. Esta expectativa se basa en el deseo de construir un marco de diálogo eficaz que permita un avance significativo en las negociaciones.
Compromiso con la sociedad y los organismos internacionales
Además, Pérez Rey destacó que el compromiso del Gobierno con los ciudadanos de este país y con los organismos internacionales implica que se debe priorizar un SMI que responda a las necesidades de las personas. Esto no solo es un factor económico, sino también una cuestión de justicia social que, en última instancia, beneficia a la economía en su conjunto.
La preocupación resuena en la necesidad de moverse rápidamente, tanto para corregir la actual situación como para establecer un ascenso que garantice condiciones dignas de vida para aquellos que tienen sus ingresos fijados en el SMI. La relación entre las condiciones económicas y la calidad de vida es evidente y se manifiesta a través de las decisiones que se tomen en torno a este tema.
Al respecto, el secretario de Estado se ha comprometido a que los próximos pasos sean decididos con celeridad y de manera eficaz, para que cuanto antes se pueda cubrir la necesidad de un nuevo marco para el SMI que fomente la justicia y la equidad en la remuneración de los trabajadores en España.