Las organizaciones sindicales UGT y CCOO están en pie de guerra tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de España, que ha resuelto que los tribunales no deben aumentar la indemnización por despido improcedente. Esta resolución ha sido recibida con preocupación, ya que para los sindicatos, la cuestión de las indemnizaciones por despido no está cerrada y está profundamente vinculada a compromisos internacionales que España ha asumido.
La postura del Tribunal Supremo
El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en una decisión unánime, ha dejado claro que la indemnización por despido improcedente fijada en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, equivalente a 33 días de salario por año trabajado, «no puede verse incrementada en vía judicial». A esto se añade que el fallo del alto tribunal considera que tal decisión no infringe el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que únicamente especifica que la indemnización debe ser adecuada.
Sin embargo, la interpretación del Tribunal se ha calificado de «insuficiente» por parte de UGT y CCOO. Los sindicatos argumentan que no aborda las necesidades reales de los trabajadores que enfrentan despidos improcedentes, dejando la cuestión de la suficiencia de las indemnizaciones en un limbo. ¿Es suficiente una compensación de 33 días por año trabajado para quienes han perdido su empleo injustamente?
Compromisos internacionales de España
Las organizaciones sindicales han señalado que la sentencia no considera la aplicación del artículo 24 de la Carta Social Europea, ratificada por España el 17 de mayo de 2021 y publicada en el BOE el 11 de junio de ese mismo año. Este es un punto crucial, ya que el cumplimiento de esta carta implica un compromiso con estándares que protegen los derechos laborales.
«Nuestro país se somete a la supervisión de las obligaciones establecidas por este Tratado», enfatizan los sindicatos, recordando que las decisiones del Comité de Expertos Independientes son jurídicamente vinculantes. De igual manera, mencionan el dictamen del Consejo de Estado de 8 de julio de 2021, que establece la obligatoriedad de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales.
Un debate abierto sobre las indemnizaciones
CCOO y UGT han reiterado que «las decisiones judiciales no pueden ignorar los compromisos internacionales asumidos por España», los cuales tienen un rango constitucional y prevalen en caso de colisión con el derecho interno. Esta es una señal de alarma para muchos trabajadores en el país que dependen de una adecuada compensación en caso de despido.
Desde los sindicatos, se insiste en que las indemnizaciones por despido improcedente actualmente en vigor «no satisfacen completamente las exigencias de reparación adecuada» estipuladas por los instrumentos internacionales ratificados por España. Esto plantea la pregunta: ¿qué sucederá con aquellos que se ven obligados a buscar justicia en un sistema que, según ellos, no garantiza sus derechos laborales fundamentales?
El futuro de los derechos laborales en España
El planteamiento de UGT y CCOO invita a una reflexión más profunda sobre la efectividad de los derechos laborales en España. La falta de respuesta clara por parte del Tribunal Supremo en relación con la Carta Social Europea podría abrir la puerta a un conflicto mayor a niveles nacionales e internacionales. ¿Estamos ante un cambio que podría afectar no solo a la indemnización por despido, sino también a la percepción general de los derechos laborales en el país?
Los sindicatos han manifestado su intención de seguir defendiendo el cumplimiento efectivo de estos estándares internacionales. La voluntad de mantener un diálogo constante sobre la situación laboral en España es fundamental. La lucha no solo se centra en cifras; se trata de dignidad y justicia social.
El eco de las voces de UGT y CCOO resuena en un contexto en el que muchos trabajadores aún sienten que sus derechos están en juego. La necesidad de una revisión y un posible aumento en las indemnizaciones por despido es una cuestión que, aunque se discuta en las altas instancias judiciales, tiene repercusiones directas en la vida diaria de miles de personas. Las organizaciones trabajadoras seguirán insistiendo en que la situación actual es insostenible y que el respeto a los compromisos internacionales debe ser una prioridad.
