El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha expresado su satisfacción por el avance de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que está siendo discutido en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE). En un tono positivo, ha manifestado que la idea de regularizar este acuerdo, alcanzado entre sindicatos y el Ministerio de Trabajo, es de sentido común y debe ser un hecho lo más pronto posible, y ha resaltado que le da tranquilidad saber que el tema está en manos del Gobierno.
Importancia del acuerdo de jornada laboral
En su encuentro con el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, Sordo ha declarado que el acuerdo alcanzado es «bueno y factible». Esto es clave, ya que se ha propuesto que entre en vigor en 2025, permitiendo que, a partir del 1 de enero de 2026, todos los trabajadores tengan una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales. Este cambio no solo busca mejorar la calidad de vida de los empleados, sino que también alinea políticamente al Gobierno para conseguir una mayoría en el Congreso respecto al tema.
El dirigente sindical ha enfatizado que «no va a renegociar ni una coma» del acuerdo, estableciendo una postura firme en favor de esta reducción de horas, y que se debe tramitar con urgencia para que se cumpla el plazo previsto. Al preguntarle por futuras negociaciones, ha afirmado que se hará un seguimiento del proceso legislativo para defender los intereses de los trabajadores.
Necesidad de nuevos presupuestos generales
Otro de los puntos que han discutido Sordo y Maíllo es la necesidad de contar con nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Sordo ha advertido que una prórroga de los presupuestos existentes «no sería un buen escenario», enfatizando la importancia de la estabilidad política en el país. La falta de nuevos presupuestos podría afectar seriamente a la implementación de medidas cruciales, especialmente en materia de vivienda.
Por su parte, Maíllo ha añadido que los nuevos PGE representan la «voluntad política del Ejecutivo en forma de cifras», lo que es esencial para poder seguir adelante con programas sociales y económicos que beneficien a la ciudadanía. Ambos dirigentes han coincidido en que «España puede permitirse presupuestos expansivos» y han instado a que se presente un plan sin recortes que permita seguir avanzando.
El salario mínimo interprofesional y su tributación
En relación con el salario mínimo interprofesional (SMI), Sordo ha propuesto que este alcance los 1.200 euros al mes para 2025, cifra que superaría los 1.184 euros sugeridos por el Ministerio de Trabajo. Esta petición busca garantizar que el SMI sea de al menos el 60% del salario neto y está motivada por la incertidumbre sobre la posición final del Gobierno respecto a la tributación del SMI.
Avisando de que «no demonizan» un aumento del SMI que lo sitúe por encima del mínimo exento en el IRPF, Sordo ha explicado que la intención es que la nueva cifra asegure que todos los trabajadores reciban un salario digno. En este sentido, también ha mostrado su voluntad de colaborar con el Gobierno sobre este tema, siempre buscando el bienestar del trabajador.
Reforma de pensiones y desmitificación de rumores
Respecto a la última reforma de pensiones, Sordo ha celebrado el apoyo del PP en el Congreso, al tiempo que ha expresado su preocupación por «argumentos falsos» que provienen de la izquierda, que podrían tergiversar la situación actual del sistema de pensiones. Ha defendido que no se está incrementando la edad legal de jubilación, señalando que el acuerdo únicamente busca facilitar mejoras en la base reguladora para aquellos que decidan tener una vida laboral más activa.
Ante esto, ha pedido a los grupos parlamentarios de izquierda que se abstengan de confundir el debate y contribuyan a aclarar la realidad del sistema público de pensiones. «No se toca la edad ordinaria de jubilación», ha subrayado, instando a que el debate no se utilice políticamente para generar miedo ni desinformación.
El futuro del trabajo en la agenda política
A medida que se discuten estos asuntos laborales y económicos, Sordo ha reafirmado su convicción de que el éxito del proyecto de ley de reducción de jornada dependerá de su problematización social y política. Tanto él como Maíllo están conscientes de que cada uno de estos temas es crucial para garantizar un futuro laboral más justo y equitativo para los españoles.
La confluencia de fuerzas políticas y sociales puede ser clave en este proceso, y es ahí donde la organización y movilización de la ciudadanía juegan un papel fundamental para influir en las decisiones parlamentarias en cuestiones que afectan directamente el bienestar de los trabajadores y el sistema económico del país.