El sindicato CCOO ha expresado su preocupación por el impacto limitado de la transmisión de viviendas y suelos de la Sareb a la entidad pública empresarial Sepes, conocida como la futura Empresa Estatal de Vivienda y Suelo. A pesar de valorar esta acción de manera «positiva», CCOO sostiene que no será suficiente para resolver el problema social y económico del acceso a la vivienda, que afecta a una amplia mayoría de la población.
Necesidades urgentes de vivienda
Según los cálculos de CCOO, se estima que se requieren dos millones de viviendas en la próxima década para abordar la crisis actual de acceso a la vivienda. Este dato es alarmante, ¿no crees? Para garantizar una oferta suficiente en el futuro, es crucial destinar anualmente al menos el 1% del PIB a políticas de vivienda, lo que implicaría cuadruplicar los 3.500 millones actuales destinados a este fin.
De hecho, el sindicato ha subrayado la importancia de incrementar el esfuerzo inversor tanto público como privado. Esto incluye la promoción, construcción y adquisición de viviendas asequibles, que deben tener un carácter permanente y costar menos del 30% de la renta disponible de los hogares. Esta inversión no solo beneficiaría a las familias, sino que también contribuiría a un equilibrio económico más amplio.
Detalles de la transmisión de vivienda
El Gobierno tiene la intención de traspasar aproximadamente 40.000 viviendas y 2.400 suelos, que cuentan con la capacidad de construir 55.000 viviendas en total. Este esfuerzo se dirige a enriquecer la nueva empresa pública de vivienda, cuya meta es ampliar el parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles.
Sin embargo, de las viviendas que se cederán, solo el 10% se encuentran en ciudades identificadas como zonas tensionadas, donde la oferta de vivienda asequible es escasa. Esto significa que de las casi 40.000 viviendas, únicamente 3.894 corresponden a estos lugares críticos. La mayoría de estos inmuebles se concentran en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad del plan para grandes sectores de la población.
Reforma del régimen de alquiler
Desde el sindicato CCOO también se ha demandado la aprobación inmediata de un régimen sancionador contundente para las infracciones que puedan surgir tras la obligación de registrar los alquileres de corta duración en plataformas digitales. Esta medida tiene como objetivo garantizar un control adecuado sobre el mercado de alquileres y proteger a los inquilinos.
El contexto actual muestra que, tras la introducción de este Real Decreto, la mayoría de las administraciones públicas no han aplicado sus respectivos regímenes sancionadores. Ante este vacío, CCOO exige que se implemente de forma urgente un régimen efectivo que pueda abordar las infracciones existentes. Esto no solo es necesario para poner un alto a la especulación, sino también para asegurar que los alquileres se mantengan dentro de parámetros razonables para los ciudadanos.
La importancia de la acción coordinada
La situación habitacional en España exige una respuesta coordinada y eficaz. La falta de oferta de vivienda asequible y la creciente demanda han creado un escenario crítico. Por lo tanto, es vital no solo planear la construcción de nuevas viviendas, sino también implementar políticas que aseguren su accesibilidad para la población.
El compromiso del Gobierno, junto a la presión de sindicatos como CCOO, podría ser clave en este proceso. Cada esfuerzo, desde la construcción de nuevas viviendas hasta la gestión efectiva de alquileres, debe estar alineado en un objetivo común: garantizar que cada ciudadano tenga acceso a un hogar digno y asequible.
En resumen, la crisis del acceso a la vivienda es una realidad que no puede ser ignorada. Se requieren acciones urgentes y decisiones que garanticen un futuro mejor para todos. Así, el llamado a una mayor inversión y a políticas más eficaces se convierte en una necesidad prioritaria para conseguir mejoras en este ámbito vital.
