La reciente decisión en el Pleno del Congreso ha sacudido el panorama de las pensiones en España. A pesar de que el pasado diciembre el Gobierno aprobó un aumento general del 2,8% en las pensiones, esta revalorización se estará viendo afectada en el corto plazo debido a la oposición unificada de PP, Vox y Junts. Este trío de fuerzas políticas ha conseguido tumbar el decreto ley ómnibus que incluía dicha revalorización. Pero, ¿qué significa esto para los pensionistas en el mes de febrero?
Los efectos de la caída del decreto
Las fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han aclarado que, aunque la subida del 2,8% se aplicará en enero, será un alivio temporal. Esto es porque el decreto ley que lo regularizaba ha estado vigente hasta ahora. Sin embargo, el ‘no’ de los partidos mencionados conllevará la consecuencia directa de que, en febrero, los pensionistas comenzarán a ver un recorte en el monto de sus pensiones. De esta forma, la alegría inicial se verá empañada poco tiempo después.
Además, el Gobierno también había previsto incrementos más significativos para las pensiones más bajas, que podrían llegar entre un 6% y un 9% para 2025, siempre alineados con la inflación. Pero esta proyección de mejora ahora se encuentra en el aire debido a las decisiones políticas del presente.
El retorno al salario mínimo de 2023
Otra consecuencia de la caída del decreto es el cambio en el salario mínimo interprofesional (SMI). Con el decreto anulándose, se espera que el SMI vuelva a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros al mes en 14 pagas. Esta situación resultará incómoda para muchos trabajadores que esperaban una adecuación del salario antes del año que viene, especialmente considerando que el alza del SMI de 2024 también estaba contemplada en el mismo decreto. Todo esto, claramente, afectará la capacidad adquisitiva de muchos ciudadanos.
Las negociaciones sobre un posible nuevo incremento del SMI para 2025 ya están en marcha entre agentes sociales y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, hasta que se logre un acuerdo, los trabajadores se verán obligados a adaptar sus expectativas a estos cambios no deseados.
El Gobierno responde a la oposición
Frente a esta situación, desde el Ministerio de Seguridad Social no han dudado en calificar de «irresponsables» a los partidos que han votado en contra del decreto. Según sus propias afirmaciones, «garantizar pensiones dignas no es solo una cuestión económica, política ni partidista, sino un compromiso con la igualdad y el bienestar de toda la sociedad». Esta crítica subraya la tensión existente en el ámbito político sobre este delicado asunto.
Las cifras son contundentes: en los últimos seis años, el Gobierno ha revalorizado las pensiones en un 26,6%, lo que ha tenido un impacto positivo al reducir la pobreza un 16,4% en el país. Las acciones que se han tomado han logrado que cerca de 8 millones de personas evitaran caer en la pobreza extrema. ¿Por qué, entonces, se busca revertir estos avances?
El compromiso del Gobierno con los pensionistas
El compromiso del Gobierno con los pensionistas es, según reitera el Ministerio, «inquebrantable.» Esta declaración se hace aún más relevante a la luz de las recientes decisiones políticas. Las autoridades han instado a los partidos que votaron en contra del decreto a que expliquen las razones detrás de su oposición. La defensa de las pensiones dignas parece haber tomado un papel central en la agenda política actual.
Es fundamental que los ciudadanos estén al tanto de los cambios en las políticas que afectan su bienestar económico. Al fin y al cabo, no solo se trata de cifras: son vidas y proyectos que dependen de decisiones a menudo difíciles de comprender. A medida que las negociaciones continúan y las consecuencias de las decisiones políticas se hacen evidentes, la incertidumbre sobre el futuro inmediato de las pensiones en España se intensifica.
En resumen, aunque el aumento del 2,8% en las pensiones será una realidad en enero, el panorama para los meses siguientes no es tan alentador. La caída del decreto ley podría significar pensiones más bajas y un regreso al salario mínimo previamente establecido, lo que plantea serias preguntas sobre el compromiso político con el bienestar social de los ciudadanos.
