MADRID, 16 de enero – Varias organizaciones sindicales de trabajadores públicos mutualistas se están preparando para movilizarse el próximo 22 de enero. Este movimiento tiene como objetivo principal poner de manifiesto la actual crisis del concierto sanitario que, lamentablemente, continúa sin un acuerdo renovado para el periodo 2025-2027.
La situación actual del concierto sanitario
La falta de un nuevo convenio ha dejado a muchos trabajadores y pacientes en una situación de incertidumbre y desasosiego. ¿Cómo es posible que un sistema tan vital como el de la atención sanitaria esté pasando por una crisis de tal magnitud? Los sindicatos responsables de esta movilización, que incluyen a ANPE, Fedeca, SIAT, SPP, SUP UFP, USIE y USO, han comunicado que saldrán a las calles a las 14:00 horas. La unión de estas organizaciones busca levantar la voz ante el Gobierno y las aseguradoras sanitarias, quienes son vistos como responsables de esta situación insostenible.
Los mismos sindicatos han expresado que este despliegue de movilización es una respuesta a la «mala gestión» y a «la falta total de previsión». A estas deficiencias se une un proyecto impulsado por la ministra de Sanidad, cuyo objetivo es eliminar la mutua. Esto ha servido como catalizador de una crisis que ha dejado a algunos pacientes sin la atención que requieren, aumentando la sensación de abandono en un sistema que debería ser garante de su salud.
Impacto en la población y en el sistema sanitario
Aunque los sindicatos han reiterado su precedente movilización el 11 de diciembre pasado, la situación se ha vuelto aún más urgente. Los efectos de este vacío contractual impactan directamente en los mutualistas, quienes han visto cómo su derecho a una atención sanitaria eficiente se tambalea. «La atención sanitaria de los mutualistas nunca ha sido gratis. De hecho, este colectivo ha contribuido a mejorar la imagen de muchas compañías del sector», explican en su comunicado.
El desembarco de un millón y medio de nuevos pacientes en el sistema público si no se encuentra una solución a la crisis podría generar un «fuerte impacto». Esta situación es particularmente preocupante para comunidades autónomas que ya están lidiando con un colapso en la atención médica. ¿Estamos preparados para asumir esta carga adicional? Sin duda, la respuesta es no, y por eso la protesta es tan imprescindible.
Un llamado a la responsabilidad
Frente a este escenario, las organizaciones sindicales insisten en la necesidad de exigir a ambas partes —Gobierno y aseguradoras— responsabilidad y compromiso. «La unión de todos los funcionarios es crucial para lograr que se tomen medidas concretas», afirman. Este llamado a la acción es, más que un grito de desesperación, un acto de esperanza por recuperar un servicio sanitario que tiene que ser accesible y eficiente para todos.
Los sindicatos consideran que esta movilización no es solo por ellos, sino por todos aquellos que depositan su confianza en el sistema. ¿Será suficiente este acto de protesta para que los responsables escuchen las demandas legítimas de quienes se dedican a cuidar de la salud pública? Solo el tiempo lo dirá.
Las voces de los funcionarios
Numerosos funcionarios civiles se sienten al borde de la frustración debido a la situación y han manifestado su intención de ser escuchados. «Frente a la impericia de los políticos y la falta de ética de las aseguradoras, es momento de que levantemos nuestras voces. Exigimos responsabilidad y un esfuerzo en conjunto para resolver este problema», concluyen.
Por tanto, esta movilización no es solo un acto de posicionamiento social; es un grito colectivo que busca abrir un diálogo y alcanzar una resolución a una crisis que no solo afecta a los trabajadores mutualistas, sino a toda la población española. La salud es un derecho, y con ello no se debería jugar. ¿Estaremos dispuestos a presionar por el cambio necesario? La respuesta parece ser unánime entre quienes se movilizan: sí.