El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado su descontento con la reciente propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) presentada por el Gobierno a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Según él, esta propuesta no aborda adecuadamente las necesidades de personal en los servicios públicos, señalando que es «claramente insuficiente».
Propuesta crítica para el funcionamiento de servicios públicos
Álvarez ha dejado claro que es fundamental que las políticas de convocatoria de plazas públicas mantengan una relación «directa» con las necesidades de empleo de los servicios públicos en España. ¿No sería un paso atrás obligar a las administraciones a recurrir a métodos que no aseguran que las ofertas sean realmente públicas? En este sentido, ha recalcado que es necesario ir más allá, buscando soluciones más efectivas.
Desde las organizaciones sindicales han manifestado su posición clara: UGT, CSIF y CCOO no respaldarán el acuerdo de la nueva Oferta de Empleo Público propuesta por el Ministerio de Función Pública. Isto significa que el Gobierno deberá aprobar la nueva OEP en el Consejo de Ministros sin contar con el apoyo de estos sindicatos.
Número de plazas: un dato alarmante
Durante una reunión reciente de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, el Ministerio presentó un número de plazas que consideran «insuficiente». De hecho, no solo han criticado la oferta, sino que también han señalado la falta de transparencia por parte del Gobierno al no proporcionar la cifra total de plazas que se ofertarán. Esta situación genera incertidumbre y preocupación entre los trabajadores y futuros aspirantes.
Tal como ha señalado CSIF, la oferta del Gobierno consiste en apenas 20,000 plazas para la Administración General del Estado, de las cuales 4,500 son de empleo neto. Esto representa menos de la mitad de las plazas que fueron ofertadas el año anterior. ¿Cómo se verá esto reflejado en la calidad de los servicios públicos?
Expectativas frente a realidades
En un primer momento, Función Pública había indicado que el número de plazas sería «similar» al de la OEP de 2024, que incluyó un total de 40,000 plazas. Sin embargo, fuentes sindicales apuntan a que la falta de información sobre una cifra global de plazas les lleva a prever que la cantidad será «menor» en comparación con la convocatoria pasada. Este tipo de movimientos puede tener un impacto significativo en la calidad y eficiencia de los servicios que dependen de estos puestos.
Los sindicatos argumentan que la oferta no solo es reducida, sino que podría llevar a un incremento en la carga laboral de los funcionarios actuales, que ya están lidiando con un alto volumen de trabajo. Si se necesita más personal para hacer frente a las demandas de los servicios públicos, ¿por qué las cifras continúan disminuyendo?
Un llamado a la acción
Esta situación ha suscitado un claro llamado a la acción por parte de los líderes sindicales, quienes instan al Gobierno a revisar sus propuestas y ajustar los números a las verdaderas necesidades de la sociedad. Las instituciones y servicios que más requieren apoyo son aquellos que se encuentran en la primera línea, y cualquier recorte en personal puede afectar directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Se está escuchando la voz de los sindicatos y los trabajadores? La respuesta parece ser negativa, pero el tiempo dirá si el Gobierno toma las medidas adecuadas para asegurar que los servicios públicos cuenten con los recursos necesarios.
Álvarez y los sindicatos creen que la situación actual de la OEP debe ser replanteada, enfatizando que el futuro de los servicios públicos depende no solo de una buena oferta de empleo, sino también de su adecuado dimensionamiento. En este contexto, queda por ver cómo evolucionará la situación y qué decisiones se tomarán en el próximo Consejo de Ministros.
