El sindicato CSIF ha instado al Defensor del Pueblo a actuar tras los serios problemas que están viviendo los funcionarios afiliados a Muface, quienes se están viendo afectados por la suspensión y el retraso en sus citas médicas. Esta situación ha surgido después de que la primera licitación del concierto sanitario quedara desierta, dado que las aseguradoras no se presentaron a la renovación del convenio. La razón detrás de esta decisión parece ser la insuficiente subida de la prima propuesta por el Gobierno, que ha dejado a más de un millón y medio de funcionarios y a sus familias en una situación precaria en términos de atención sanitaria.
Gobierno debe corregir esta situación
«CSIF no va a permitir estos recortes ni que los funcionarios tengan que pagar de su bolsillo un derecho como es la atención sanitaria. El Gobierno debe corregir esta situación», ha declarado Francisco Lama, secretario de acción sindical de CSIF. Esta postura surge ante el inminente vencimiento del convenio actual, que caduca el 31 de diciembre de este año. Lama ha destacado que la situación es de «máxima gravedad», ya que ha habido incluso retrasos en intervenciones quirúrgicas urgentes, y se han llegado a solicitar a los funcionarios que sufraguen por cuenta propia sus tratamientos si desean ser atendidos.
En un intento por resolver la crisis, CSIF ha presentado una carta firmada por Miguel Borra ante el Defensor del Pueblo. La organización ha destacado la responsabilidad compartida entre el Gobierno y las aseguradoras, ya que ambas partes están poniendo en riesgo la salud de miles de ciudadanos. Para ayudar a los afectados, el sindicato ha facilitado un modelo de reclamación que los funcionarios pueden utilizar para expresar su malestar y denunciar la situación públicamente.
Posible prórroga del concierto
En el contexto de esta situación crítica, Francisco Lama ha señalado que la Ley de Contratos del Sector Público permite una prórroga del concierto por motivos de interés general. Sin embargo, menciona que «deben haberlo licitado con tres meses de antelación», lo que complica aún más la situación. A pesar de este marco legal, el escenario actual es «anómalo» y es probable que las compañías se acojan a la posibilidad de prórroga, aunque esto no resuelve las necesidades inmediatas de atención sanitaria.
Además, Lama ha insistido en que es necesario licitar un nuevo concierto de forma expresa. La urgencia se hace patente al recordar que, a partir del 31 de diciembre, los funcionarios necesitan poder acceder a sus prestaciones de salud con normalidad, un derecho que no puede quedar en el aire.
La situación con las aseguradoras
Con respecto a la licitación reciente, es importante señalar que las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban atención en Muface, Adeslas, Asisa y DKV, no se presentaron a la nueva licitación para 2025 y 2026. Según se informó, el Gobierno propuso una subida de las primas del 17,12%, que está muy por debajo de lo que estas aseguradoras habían solicitado, que rondaba el 40%. Con la licitación en blanco, el Gobierno abrió un periodo de consulta para que las compañías informaran a Muface sobre los precios que están dispuestas a ofrecer.
Las aseguradoras están demandando ajustes significativos en las primas para poder ofrecer sus servicios, creando una presión adicional sobre el sistema de salud de los funcionarios. DKV, tras cerrar la consulta hace unos días, ha indicado que requieren un incremento del 40,6% en las primas, además de solicitar que ciertos tratamientos no se incluyan en el convenio vigente.
Muface elaborará un informe tras las consultas
El proceso de consulta no es solo un trámite; Muface planea recopilar todas las respuestas de las aseguradoras y podrá solicitar aclaraciones adicionales si lo estima necesario. Al finalizar esta fase, se elaborará un informe que incluirá la información recabada durante la consulta. Este documento será de vital importancia, ya que formará parte del expediente, y se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado para garantizar la transparencia del proceso.
A pesar de las dificultades actuales, Muface ha asegurado a los 1,5 millones de mutualistas que continuarán recibiendo las mismas prestaciones sanitarias y sociales que tienen en la actualidad. Esto se debe a que la Ley de Contratos del Sector Público permite la prórroga del servicio bajo ciertas condiciones, asegurando así que la atención médica no se interrumpa en un momento tan crítico para los funcionarios.
Futuras acciones de CSIF
Desde CSIF han anunciado que continuarán con sus acciones de protesta para visibilizar esta alarmante situación. En las próximas fechas, registrarán ante el Congreso de los Diputados miles de quejas de mutualistas que han expresado su preocupación. Además, han convocado una importante concentración frente a la Dirección General de Muface, donde esperan reunir a «miles de funcionarios de toda España».
Esta movilización refleja la preocupación generalizada entre los funcionarios y sus familias. Son muchos los que dependen de un sistema de salud que, lamentablemente, se encuentra en una coyuntura crítica. Con el enfoque en preservar los derechos de atención médica de los funcionarios, el sindicato CSIF se posiciona como una voz decisiva en esta lucha por la atención sanitaria digna y adecuada.
