Los sindicatos Unión General de Trabajadores Servicios Públicos (UGT-SP) y el Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) están en pie de guerra. Este martes, 8 de julio, a las 11.30, se movilizarán ante el Ministerio de Hacienda para exigir que se cumplan los compromisos pendientes con los trabajadores públicos. Bajo el lema ‘Es la hora. #CumpleLoPactado’, buscan abordar situaciones que afectan a más de tres millones de empleados del sector público.
Falta de cumplimiento en acuerdos previos
La causa de esta movilización radica en el incumplimiento de lo pactado en el último Acuerdo Marco, que abarca años cruciales como 2022-2024. Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, y Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, han manifestado su preocupación por la «parálisis» del Gobierno. Esta situación tiene consecuencias directas en los derechos de los trabajadores, y es vital que se solucionen las cuestiones pendientes antes de iniciar cualquier negociación sobre un nuevo acuerdo salarial.
¿Cuáles son estas preocupaciones específicas? Las organizaciones sindicales mencionan la necesidad urgente de implementar una jornada laboral de 35 horas, la regulación de la jubilación parcial y la mejora de las retribuciones para el año 2025. Pero eso no es todo, también hay otras cuestiones que requieren atención.
Cuestiones clave sin resolución
CCOO y UGT han destacado varias áreas que aún no han sido atendidas por la Administración. En primer lugar, se necesita la plena implantación del modelo de clasificación profesional de acuerdo al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales. Esto es crucial para asegurar que los trabajadores sean valorados y clasificados adecuadamente según sus habilidades y competencias.
Además, es fundamental negociar modificaciones normativas para establecer y desarrollar planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y por razón de género. Estos elementos son esenciales para crear un entorno laboral justo y seguro.
Entre otras demandas, los sindicatos exigen garantizar la atención presencial de los servicios públicos, especialmente en áreas con menos residentes o en riesgo de exclusión social. También proponen un plan específico de digitalización y la creación de empleo neto en las administraciones públicas, junto con la reducción de la temporalidad y el rejuvenecimiento de las plantillas. Estas medidas no solo mejorarían las condiciones laborales, sino que también podrían aumentar la eficiencia en el servicio público.
Posible huelga como medida de presión
Las declaraciones de Araque y Palazzo han dejado claro que «no descartan» la posibilidad de ir a huelga si la Administración no toma en serio sus demandas. La tensión es palpable, y la paciencia de los trabajadores está llegando a su límite. En un contexto donde la fragmentación de los acuerdos puede generar descontento, los sindicatos buscan asegurarse de que los derechos adquiridos no se vean amenazados.
Es importante recordar que muchas de estas solicitudes son heredadas del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que fue suscrito por el Gobierno, UGT y CCOO. Sin embargo, la falta de acción por parte del Ejecutivo está generando raíz de frustración entre los trabajadores, quienes sienten que sus voces no están siendo escuchadas.
El poder de la movilización
La movilización de este martes es solo el inicio de un calendario de protestas que ambos sindicatos han planificado. Con una asistencia esperada significativa, se espera que esta acción llame la atención tanto de la Administración como de la sociedad en general. La participación activa de los trabajadores es fundamental; su presencia en estas movilizaciones refleja la determinación de luchar por sus derechos y garantías laborales.
Es esencial que las organizaciones sindicales y los trabajadores mantengan la presión sobre el Gobierno para que se cumplan los acuerdos y se aborden las cuestiones prioritarias. La colectividad y la unidad en la lucha son clave para lograr un impacto real.
En conclusión, mientras los sindicatos continúan exigiendo que se cumplan lo pactado y se inicie la negociación de un nuevo acuerdo salarial, se abre un capítulo crucial en la lucha por los derechos de los trabajadores del sector público. La respuesta del Gobierno a estas movilizaciones podría ser determinante para el futuro laboral de miles de empleados públicos.
