El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un fallo relevante que amplia el concepto de «empresa» en el ámbito de la directiva europea dedicada a la lucha contra la morosidad. Esta sentencia tiene implicaciones significativas para los autónomos que operan sin una estructura física tradicional, como un local de negocio, o una plantilla de empleados.
Del caso al contexto
Este trasfondo jurídico surge a raíz de una consulta del Tribunal da Relação de Lisboa, que se encontraba evaluando una situación específica. En este caso, una actriz no pagó una factura que ascendía a 19.188 euros a la agencia artística Agenciart. Esta agencia se encarga de gestionar las carreras de varios actores a quienes representa. Así, la pregunta central giró en torno a si esta actriz podía ser considerada una «empresa» bajo la normativa de morosidad europea.
Definición de empresa ante la normativa
En su sentencia, el TJUE enfatiza que la definición de «empresa» en esta directiva abarca «cualquier organización […] que actúe en ejercicio de su actividad independiente […] profesional». Por lo tanto, el hecho de que la actividad fuera ejercida por una única persona no resulta relevante en este contexto.
Además, el tribunal subraya que, para que una actividad sea considerada como profesional independiente, debe ser ejercida «de manera estructurada y permanente». Aquí surge otra pregunta: ¿qué ocurre con aquellos que operan con recursos mínimos?
Implicaciones para los autónomos
La legislación europea aclara que la condición de «empresa» no depende necesariamente de la existencia de una infraestructura compleja. A este respecto, el TJUE explicó que en ciertos sectores económicos, los activos materiales o inmateriales pueden ser muy limitados. Muchas veces, el trabajo se basa en la mano de obra, lo que pone de manifiesto la importancia de la persona detrás de la actividad.
Esto es especialmente crucial en un mundo donde cada vez más personas optan por convertirse en autónomos y emprendedores. Al operar desde casa o sin un establecimiento físico, aún pueden ser considerados «empresas» al ejercer sus profesiones de forma continua y estructurada.
Un cambio en la interpretación legal
Este pronunciamiento del TJUE representa un cambio significativo en la percepción legal del estatus de los trabajadores autónomos. Por un lado, les otorga una mayor protección ante clientes morosos, obligando a estos a cumplir con sus obligaciones de pago. Por otro, legitima su actividad como parte del tejido empresarial de la Unión Europea, lo cual puede favorecer su acceso a ciertos beneficios y apoyos disponibles para empresas.
Con el incremento de los trabajadores independientes en el mercado laboral, este tipo de interpretaciones pueden ser vitales para fomentar un ambiente de trabajo más justo y equitativo. Además, puede motivar a más personas a emprender, sabiendo que están respaldados legalmente.
Conclusiones sobre el fallo
El TJUE ha dado un paso importante al definir de manera clara que todos aquellos que ejercen una actividad profesional de forma independiente son considerados «empresas», independientemente de la infraestructura que posean. Este aspecto resulta especialmente relevante en el contexto actual, donde cada vez más personas eligen la vía del autoempleo.
El hecho de que no se requiera un local, un equipo complejo o personal para ser considerado una «empresa» amplía las posibilidades para una gran cantidad de profesionales. En un mundo laboral que evoluciona rápidamente, esta perspectiva legal puede resultar un impulso vital para muchos autónomos que luchan por asegurar sus derechos en una economía que presenta retos constantes. Esta interpretación del TJUE no solo determina el marco legal, sino que también da un nuevo sentido a la profesionalidad y al trabajo independiente en la economía contemporánea.
