La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha solicitado con firmeza al ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que inicie conversaciones sobre la continuidad de la asistencia sanitaria de Muface, razón por la cual pidieron que no se deje en el aire la salud de los 1,5 millones de mutualistas. En el contexto actual, se vuelve crucial asegurar que no se afecte la cobertura que estos empleados públicos tienen garantizada.
Argumentos en contra de la eliminación de Muface
Durante una reciente rueda de prensa, la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, afirmó que no existen argumentos económicos ni jurídicos suficientes para justificar la eliminación del concierto sanitario de Muface. Este argumento se vuelve aún más potente al comparar los gastos, donde el gasto por mutualista es casi 600 euros menor que el coste por paciente en el sistema sanitario público, que es de 1.608 euros frente a los 1.014 euros de Muface. Esta diferencia implica un ahorro total de 600 millones de euros al año para el Estado.
Además, Fedeca indicó que la evolución del gasto en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha sido considerablemente mayor que las primas de Muface en los últimos años —un aumento del 41% frente al 16%—, lo que añade una capa adicional de complejidad a la discusión sobre la viabilidad económica de mantener el modelo actual de Muface.
Consecuencias del traslado al SNS
Desde Fedeca, se advierte que el traslado de los empleados públicos al sistema nacional de salud podría “sobretensionar” a comunidades autónomas donde ya existen altas listas de espera, como en Castilla y León, Andalucía, Extremadura, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Madrid también podría verse afectada, considerando el factor de la población de mayor edad entre los mutualistas.
Ercoreca también destacó que desmantelar Muface traería consigo la inmediata incorporación de un millón de nuevos usuarios al SNS. Esto podría generar una sobrecarga insostenible para un sistema que ya presenta tensiones. Según datos de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, se estima que las listas de espera aumentarían un 266% para consultas externas y 115% para intervenciones quirúrgicas. Estas cifras son alarmantes y reflejan el impacto directo que una decisión de este tipo tendría en la atención médica de la población.
Preocupaciones por los mayores y empleados públicos en el exterior
Los mutualistas mayores, quienes superan los 50 años de media, serían los más perjudicados por la desaparición de Muface, ya que muchos de ellos enfrentan enfermedades crónicas que dificultan su acceso a seguros privados. Esta situación plantea un grave inconveniente, dado que la urgencia por encontrar soluciones justas es cada vez más crítica.
Por otra parte, Ercoreca expresó su preocupación por los 8.000 empleados públicos destinados en el exterior. Muchos de estos países carecen de un sistema de salud público o presentan sistemas deficientes. Además, el riesgo de contraer enfermedades hace que estos trabajadores se encuentren en una situación de vulnerabilidad particular.
Demandas de negociación y críticas al Ministerio de Sanidad
La presidenta de Fedeca ha instado al ministro a “negociar para garantizar que el 1 de enero los funcionarios puedan contar con su prestación sanitaria”. Con firmeza, manifestó que se requiere claridad sobre por qué se opta por un gasto superior en un sistema nacional sanitario, cuando Muface representa un notable ahorro. “Queremos diálogo”, insistió Ercoreca, quien recordó que otros sindicatos han sido escuchados pero no su organización, creando un sentimiento de exclusión.
Edmundo Bal, un integrante destacado de Fedeca y exdiputado, instó al ministro a considerar un enfoque más consensuado en la creación de una póliza colectiva para todos los funcionarios, sugiriendo incluso un posible copago. Sin embargo, Ercoreca aclaró que su asociación no está abierta a esta idea, ya que buscan proteger la prestación actual.
Críticas al enfoque del Ministerio de Sanidad
Tanto Bal como Mario Garcés han criticado abiertamente al Ministerio de Sanidad y su titular, Mónica García, por un informe calificado de “infumable” que aboga por la eliminación de Muface. Garcés se cuestionó si este enfoque responde a un conflicto ideológico en las entrañas del gobierno, planteando inquietudes acerca de si el objetivo es realmente priorizar economía y necesidad pública o si, por el contrario, se ha convertido en un tema puramente ideológico.
En el contexto de estas críticas, Bal hizo hincapié en que se carga a los funcionarios con el estigma de ser “privilegiados” y se les propone renunciar a ciertas coberturas, descartando historias personales complejas. Resaltó que en situaciones económicas adversas, es injusto cargar a todos los funcionarios con responsabilidades que no les son propias ni justas.
Preocupaciones sobre el acceso a la función pública
Durante esta misma reunión, Fedeca planteó su preocupación por las reformas en el acceso y promoción a la Función Pública. La propuesta de consolidar todos los sistemas de acceso en una única prueba de tipo test se ve como una amenaza a la calidad y profesionalidad del servicio, además de erosionar los principios de mérito y capacidad.
De igual forma, la cesión de competencias a las comunidades autónomas podría llevar a una «quiebra» en la garantía de igualdad de derechos. Con la posible ruptura del sistema de información único, se generaría mayor burocracia para el contribuyente, lo que podría hacer más ineficaz la lucha contra el fraude fiscal.
