La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha alertado sobre la imposibilidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas sin un fortalecimiento en sus recursos operativos. En una reciente comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado, Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, expuso la situación crítica del organismo encargado de hacer cumplir la normativa social en el país.
Condiciones actuales de la Inspección de Trabajo
Durante su intervención, Ercoreca destacó que el personal de la Inspección de Trabajo está trabajando por encima de sus posibilidades. Señaló que el organismo desempeña un papel fundamental para «garantizar un futuro y unas condiciones de trabajo dignas en España». La presidenta hizo un llamado urgente a aumentar tanto los recursos como el personal de la Inspección, apuntando que actualmente hay un inspector por cada 15.000 trabajadores, o uno por cada 1.500 empresas.
Además, hizo énfasis en la necesidad de aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), un compromiso del Gobierno desde abril de 2022 que aún está pendiente. Sin esta implementación, se verá comprometido el cumplimiento efectivo de la legislación laboral, lo que podría tener un impacto negativo en la economía.
Impacto positivo de la Inspección de Trabajo
Ercoreca no solo expuso los desafíos, sino también el significativo trabajo realizado por los inspectores a lo largo de 2023. Este año, han cerrado 651.000 expedientes, superando en más del 5% los objetivos del año anterior. De estas actuaciones, aproximadamente 242.000 estuvieron destinadas a la prevención de riesgos laborales, 140.000 a cuestiones de Seguridad Social y unas 135.000 centradas en la regularización de la economía irregular y el trabajo de extranjeros. En este contexto, resalta que la labor de los inspectores permitió regularizar a cerca de 29.899 falsos autónomos.
«Más de 100.000 personas se han visto dadas de alta gracias a esta Inspección, lo que condicionará su futuro y el acceso a prestaciones de la Seguridad Social», enfatizó Ercoreca. Como resultado de su trabajo, se recaudaron más de 41 millones de euros en salarios y cotizaciones, además de 936.000 euros adicionales derivados de la actividad del organismo autónomo.
Inquietudes sobre Muface
Por otra parte, la presidenta del sindicato también abordó la problemática del concierto sanitario de Muface, el cual ha quedado sin cubrir. Esto se debe a que las aseguradoras no se han presentado a una licitación que consideran insuficiente desde el punto de vista económico. Ercoreca defendió que el costo del servicio ofrecido por Muface es «más económico» que el de derivar a los más de 1,5 millones de trabajadores mutualistas al Sistema Nacional de Salud, con cifras que muestran una diferencia notable: 1.020 euros frente a 1.674 euros.
La presidenta hizo hincapié en que esta decisión podría sobrecargar aún más a las comunidades autónomas, que ya enfrentan dificultades en la gestión del sistema público sanitario. También criticó la falta de claridad por parte del Gobierno respecto a la situación de las más de 8.000 personas mutualistas que prestan servicios en el extranjero, donde a menudo hay escasez o ninguna cobertura sanitaria. «No existen razones de argumentos económicos, ni sociales. Estás dejando sin protección a un millón de funcionarios y a sus familias», afirmó.
Un futuro incierto sin inversión
El mensaje de Ercoreca es claro: sin una inversión decidida en recursos y personal, los objetivos de la Inspección de Trabajo podrían verse comprometidos. Esto no solo afectaría la efectividad de la normativa laboral, sino también la calidad de vida de miles de trabajadores en el país que dependen de estas regulaciones para garantizar su bienestar en el entorno laboral.
La presidenta del sindicato ha dejado en evidencia la necesidad urgente de que el Gobierno tome medidas concretas que aseguren el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo. De no ser así, el futuro de la jornada laboral propuesta y la protección social de numerosos trabajadores podrían no llegar a materializarse.
Este escenario preocupa no solo a los inspectores, sino también a todos aquellos que buscan condiciones laborales justas y una protección económica robusta en un momento en que el mercado laboral sigue enfrentando grandes desafíos.
