La Federación Estatal de Trabajadoras de la Administración Pública (FETAP) de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha planteado una seria denuncia referente a la situación de los funcionarios del Grupo B. Esta acción ha sido motivada por la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que data del 9 de julio de 2024, y que regula los procesos selectivos de ingreso y promoción interna en la Administración General del Estado (AGE).
Exclusión y vulneración de derechos
Se ha denunciado que esta resolución «excluye» a los funcionarios clasificados en el Grupo B, quienes lograron esta reclasificación a través de una sentencia judicial, del derecho a participar en promociones internas al Subgrupo A2. Lo más preocupante es que esta opción queda restringida exclusivamente para los funcionarios del Subgrupo C1.
El sindicato argumenta que esta exclusión constituye una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad, principios que están consagrados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española. Además, señalan que se contravienen derechos fundamentales del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), tales como la promoción interna y la carrera profesional. ¿No debería ser la igualdad el pilar de cualquier sistema administrativo?
Coacción y mensajes intimidatorios
La CGT sostiene que esta nueva normativa es, en esencia, una técnica de coacción que penaliza a aquellos que se atreven a reclamar su reclasificación. El sindicato expone: «Quien ose defender sus derechos será excluido de promociones internas y concursos de traslados.» Esto plantea una inquietante cuestión: ¿hasta qué punto la presión administrativa puede influir en la decisión de los trabajadores de hacer valer sus derechos?
Además, el sindicato considera que este comportamiento de la administración es un ataque directo a los derechos de los funcionarios del Grupo B. No es solo una cuestión de justicia, sino la creación de un «precedente peligroso» que fomenta desigualdades y convierte la normativa en un instrumento punitivo. ¿Es este el tipo de mensaje que queremos dar a quienes se dedican a servir al público?
Confianza en las instituciones públicas
Para la CGT, la resolución impugnada judicialmente representa una discriminación inaceptable hacia el colectivo del Grupo B, que cumple con los requisitos legales y profesionales para optar a la promoción interna. Esto no solo quiebra los principios de igualdad de trato y progresión ordenada establecidos en el EBEP, sino que también afecta gravemente la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones públicas.
La insatisfacción es palpable, y el sindicato no escatima en palabras al señalar que «la Administración está enviando un mensaje claro de que reclamar justicia se paga caro». ¿Es esta la cultura de trabajo que queremos fomentar? La administración pública debería ser un modelo de transparencia y equidad, no un entorno donde se envían mensajes intimidatorios a sus trabajadores.
Demandas y exigencias de la CGT
En este sentido, la CGT exige la anulación de la resolución impugnada y la garantía de los derechos de los funcionarios del Grupo B a participar en procesos de promoción interna y concursos de traslado en igualdad de condiciones. “La lucha por los derechos laborales debe ser constante,” afirman. Esto plantea la pregunta: ¿qué medidas se están tomando realmente para garantizar que todos los funcionarios sean tratados de manera justa y equitativa?
Así, la organización destaca la importancia de restablecer la confianza en el sistema administrativo, asegurando que cada trabajador tiene el derecho a desarrollar su carrera profesional dentro del marco de igualdad y justicia. En tiempos donde cada acción cuenta, la defensa de los derechos laborales es más crucial que nunca.
