En la reciente reunión de la mesa general de las Administraciones Públicas, los sindicatos CSIF y UGT han manifestado su deseo urgente de iniciar las negociaciones sobre la subida salarial para el año 2025. Ambas organizaciones consideran crucial que se aborditia el incremento antes de que comience el nuevo ejercicio fiscal. «Nuestros empleados públicos esperan conocer sus condiciones laborales como ocurre en el resto de las empresas», ha señalado CSIF, alertando que, si no se cumplen sus demandas, podrían reactivar las movilizaciones a partir de enero.
Demandas de los sindicatos
CSIF ha reclamado un nuevo acuerdo salarial a medio plazo que permita recuperar al menos un 6% del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos en años anteriores. Por su parte, UGT ha enfatizado que cualquier nueva normativa en este ámbito debe garantizar no solo el incremento de los salarios, sino también la restauración de pagas extraordinarias completas y el aumento de trienios. Además, UGT aboga por que la negociación colectiva determine cómo se distribuirá el porcentaje de masa salarial destinado a acciones sociales y la posible asignación de fondos a planes de pensiones de empleo.
Otro de los puntos críticos que ha presentado CSIF es la necesidad de comenzar la discusión sobre la oferta de empleo público para el próximo año. El objetivo es realizar esta oferta sin la actual tasa de reposición y aumentar los fondos destinados a igualar salarios entre las diversas administraciones, así como restituir la estructura salarial previa a los recortes de 2010.
Jubilación parcial y condiciones laborales
En medio de estas demandas, el Ministerio también ha hecho un anuncio significativo: la reintegración de la jubilación parcial para los empleados públicos. Aunque es un avance, CSIF advierte que la medida «llega tarde y sin concretar». Asimismo, el sindicato ha solicitado un compromiso para definir adecuadamente esta norma en un plazo de tres meses. Esto se presenta como un alivio para aquellos que se aproximan a la edad de jubilación, pero que quieren seguir contribuyendo activamente al servicio público.
Además, CSIF ha propuesto incentivos para que los empleados públicos que alcancen la edad de jubilación puedan extender su servicio de forma voluntaria, con un aumento del 5% en su pensión. ¿Qué impacto tendría esto en el rendimiento y la satisfacción laboral dentro de las administraciones? Sin duda, es un punto que merece atención.
Reducción de jornada y teletrabajo
Las propuestas de CSIF no se detienen ahí. El sindicato también ha planteado la necesidad de implementar una jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado, además de la carrera profesional en todas las Administraciones. ¿Cómo podría esto influir en la productividad y en la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos? La respuesta probablemente se relaciona estrechamente con la satisfacción de los empleados públicos.
Asimismo, es crucial hablar de la digitalización. UGT ha demandado que se desarrollen planes de formación específicos para que los trabajadores públicos no solo se adapten a las nuevas tecnologías, sino que también conserven sus derechos laborales y oportunidades de promoción. En este marco, UGT ha reafirmado su posición como la primera fuerza sindical en las Administraciones Públicas, destacando su representatividad del 34.66% en la mesa general.
Expectativas y próximos pasos
Ante este panorama, se prevé que la situación se mantenga tensa si las demandas de los sindicatos no son atendidas. Con el inicio del nuevo año en el horizonte, la urgencia por resolver las cuestiones salariales y laborales de los empleados públicos se hace palpable. CSIF ha reafirmado que está dispuesto a tomar acción si el Gobierno no avanza en las negociaciones que ya han sido pedidas.
En conclusión, el futuro de los empleados públicos en cuanto a sus condiciones laborales y su poder adquisitivo está en juego. De aquí a enero, las expectativas serán altas para que el Gobierno inicie un diálogo que pueda llevar a soluciones efectivas. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas no solo afectarán a los trabajadores, sino también a los servicios que reciben los ciudadanos, lo que subraya la importancia de estos debates.
