El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo se prepara para abordar, en el próximo mes de diciembre, las indemnizaciones por despido improcedente. Este tema ha cobrado especial relevancia tras diversas sentencias que proponen una compensación adicional a la indemnización estipulada en la legislación española, que actualmente se establece en 33 días de salario por cada año de servicio. La integración de esta indemnización adicional está enmarcada por la Carta Social Europea, tal como confirmó el presidente de la sala.
Nueva perspectiva sobre las indemnizaciones
La Carta Social Europea que España ratificó, estipula en su artículo 24.b que los trabajadores que sean despedidos sin una justificación válida tienen derecho a una «indemnización adecuada o a otra reparación apropiada». Esta frase nos lleva a reflexionar sobre la situación actual de los trabajadores en el país y cómo se ven afectados por un despido sin causa justificada.
Dicha reivindicación ha tomado un giro significativo después de que el Comité de Ministros del Consejo de Europa hiciera recomendaciones al Gobierno español. Estas recomendaciones pretenden revisar las indemnizaciones por despido improcedente, buscando que sean más disuasorias para los empleadores y reparen adecuadamente el daño sufrido por los trabajadores. Pero, ¿es suficiente lo que se está haciendo hasta ahora?
Recomendaciones del Consejo de Europa
Ayer, el Consejo de Europa aprobó una recomendación en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar que las indemnizaciones sean realmente efectivas para proteger a los trabajadores. Según se refleja en el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que falló a favor de UGT, la regulación actual de las indemnizaciones «viola» las disposiciones de la Carta Social Europea. Así, el CEDS considera que los límites establecidos no son adecuados para cubrir el daño y, lo más preocupante, podría desalentar a los empresarios a cumplir la ley.
La urgencia de una revisión legislativa
En línea con esta recomendación, el Consejo de Europa ha solicitado una revisión de la legislación nacional. Este llamado se hace eco del Plan político anual 2024, que busca garantizar que las cuantías de indemnización en despidos improcedentes tomen en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y considerar las circunstancias individuales de cada caso. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿realmente se está tomando en cuenta el impacto que tiene un despido?
Además, el Consejo exige que el Gobierno informe sobre las medidas implementadas para cumplir con esta recomendación en su próximo informe de seguimiento. Todo ello se da en un contexto en el que las indemnizaciones en España están limitadas a 33 días de salario por año, y esa cifra no puede sobrepasar las 24 mensualidades.
La percepción de los expertos
Expertos en derecho laboral han señalado que el costo de un despido improcedente en España podría, en teoría, incentivar a los empleadores a considerar opciones más económicas en lugar de actuar con justicia. Así, el CEDS destaca que «los límites máximos de indemnización pueden servir como un incentivo para que el empleador despida a los trabajadores de manera injusta». Una alarmante apreciación que nos lleva a cuestionar la eficacia de las normas actuales.
Se destaca que, si bien el Gobierno argumenta que estos límites buscan brindar mayor seguridad jurídica a ambas partes, en la práctica pueden no resultar suficientes para proteger efectivamente a los trabajadores. La posibilidad de que los límites y condiciones actuales propicien una práctica de despidos injustos plantea grandes interrogantes sobre la ética empresarial y el papel de la regulación.
El camino hacia la indemnización adecuada
Al mismo tiempo, el CEDS insistió en que el derecho a una indemnización adecuada, conforme al artículo 24.b de la Carta Social Europea, no está suficientemente garantizado en España. La situación se vuelve más compleja al considerar que podría no tenerse en cuenta el perjuicio real que sufre un trabajador despedido. Los límites actuales, aunque están diseñados para brindar protección, parecen no abordar adecuadamente las realidades del mercado laboral.
Por otro lado, la reforma laboral implementada en 2021 no logró corregir todas las deficiencias de la reforma de 2012 que había reducido indemnizaciones y eliminado salarios de tramitación. Estos aspectos son fundamentales para asegurarse de que el despido no solo sea una mera cuestión económica, sino que refleje un sentido de justicia.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado en varias ocasiones su disposición a reformar el sistema de indemnización por despido improcedente. Esta intención se consolida en un escenario donde se busca equilibrar la protección laboral con la sostenibilidad de la empresa.
A medida que se aproxima la discusión en el Tribunal Supremo y se siguen multiplicando las voces que reclaman un cambio verdadero, la pregunta resuena en el ambiente: ¿será posible lograr un sistema de indemnización que realmente proteja a los trabajadores y disuada a los empleadores de cometer despidos injustos?
