El PSOE ha presentado una propuesta que busca abordar un problema que afecta a muchos profesionales colegiados en España. Se trata de la creación de una pasarela para la transferencia de los derechos económicos acumulados en mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), garantizando que todos estén inscritos en este sistema a partir de 2027. Está claro que esta iniciativa pretende ofrecer una solución a un conflicto que se ha extendido durante años, afectando especialmente a sectores como la abogacía o la arquitectura.
Un conflicto persistente
Desde la introducción de cambios legales en 2005, en los que las mutualidades se transformaron en un sistema de capitalización individual, muchos profesionales han visto sus pensiones gravemente deterioradas. Esto ha dejado a abogados y arquitectos con pensiones mensuales que oscilan entre 400 y 500 euros, una cifra muy por debajo de lo que deberían recibir tras décadas de trabajo. Es una situación que ha llevado a muchos a sentir que su esfuerzo no ha sido debidamente compensado.
La propuesta del PSOE, entonces, surge como un intento de revertir esta tendencia desprotección. La idea es regular los términos y condiciones de cómo se pueden transferir estos derechos económicos al RETA, permitiendo una eventual mejora en las condiciones de jubilación de los afectados.
Condiciones de la nueva pasarela
El diseño de esta pasarela está destinado a aquellos colegiados que no cuenten con el periodo mínimo necesario para obtener una pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. Para acceder a esta opción, es necesario estar en activo en la mutualidad a fecha de 31 de diciembre de 2022, así como no ser pensionista de ningún régimen público o de la mutualidad alternativa. ¿Te imaginas vivir tu jubilación con la incertidumbre de si cumplirás con todos los requisitos?
Además, el cálculo para la conversión de los derechos a periodos cotizados en el RETA se basará en la base mínima de cotización que hubieran tenido los trabajadores de estar suscritos al Régimen de autónomos. Esto se actualizará conforme al IPC y se aplicará un coeficiente que tendrá en cuenta los años en alta en la mutualidad alternativa, con valores que oscilarán entre el 0,67 y el 0,87 para asegurar que nadie se quede en la cuerda floja.
Prestaciones y mejoras significativas
En otro orden de ideas, el texto legislativo también contempla que las prestaciones otorgadas por las mutualidades que se traspasen al RETA no podrán ser inferiores al 80% de la cuantía mínima inicial que rija en la Seguridad Social. En caso de que estas prestaciones adopten la forma de capital, este no podrá ser inferior al importe capitalizado de la renta mínima. Esto es crucial para asegurar una jubilación digna y, sobre todo, para aquél que ha dedicado su vida laboral a una profesión que merece mejor trato en los términos de pensiones.
Un aspecto relevante de esta propuesta es la reforma progresiva que se introduce, aumentando la obligación de cuantía mínima de la prestación. Por ejemplo, se prevé que en 2025 esta ascienda al 86%, en 2026 llegue al 93% y finalmente, en 2027, se establezca un 100% de dicha cuantía. Es un cambio que responde a la necesidad de incrementar los estándares de protección en la jubilación.
Críticas a la propuesta
A pesar de los esfuerzos del PSOE, la asociación de abogados afectados por la mutualidad (ANAMA) ha expresado su descontento. Considera que la propuesta es «claramente insuficiente» y alega que plantea una serie de límites temporales que pueden dejar fuera a muchas personas, resultando en una discriminación subjetiva entre los propios colegiados. Este punto es crucial, ya que se espera que todos los profesionales tengan la oportunidad de beneficiarse de un sistema crucial para su seguridad financiera en la vejez.
La ANAMA ha puesto énfasis en que, aunque ven la iniciativa como un paso positivo, la redacción de la propuesta aún puede ser interpretada de múltiples maneras, lo que la hace vulnerable a distintas aplicaciones en la práctica. Además, se han planteado dudas sobre si aquellos que ya cuentan con 15 años cotizados en la Seguridad Social podrán optar a la pasarela o si la exclusión también afectaría a los que logren cumplir este tiempo después.
Para colmo, quienes ya están jubilados en mutualidades alternativas no recibirían respuesta alguna, lo que genera un vacío peligroso para una parte de la población profesional que se ha sentido completamente desprotegida. Es evidente que la propuesta tiene tanto potencial como desafíos, y solo el tiempo y la reacción del público y de los afectados dirán si esta iniciativa logra ser una verdadera solución al problema de las pensiones en las profesiones colegiadas.
