El salario mínimo interprofesional (SMI) se mantendrá en 1.134 euros al mes, repartidos en catorce pagas, en el inicio del año 2025. Esta cifra coincide con la actual del año 2024 y está sujeta a un posible aumento que debe negociarse entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales.
Propuesta de incremento para 2025
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que se convocará la mesa de diálogo social a principios del próximo año. Durante este encuentro, se abordará la posibilidad de incrementar el SMI, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Este incremento, de ser acordado, tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, tal y como se ha hecho en ocasiones anteriores.
Para facilitar este proceso, el Ministerio tiene en cuenta las recomendaciones del comité de expertos creado en 2021. Este grupo, que incluye miembros del gobierno, sindicatos y académicos, tiene la función de estudiar el crecimiento adecuado del SMI. Un de sus principales objetivos es asegurar que esta renta mínima se mantenga en un 60% del salario medio, conforme a la normativa de la Carta Social Europea.
El papel del comité de expertos
El comité de expertos del SMI ha sido encargado con varias tareas, como garantizar que el SMI suba sin que los trabajadores pierdan poder adquisitivo y que el aumento refleje siempre el porcentaje mencionado del salario medio. Para ello, utilizan diversas fuentes estadísticas y proponen un rango de incrementos que se ajusten a estas recomendaciones.
Iniciar esta negociación es vital para el futuro de los trabajadores en España. La ministra ha expresado su intención de que los aumentos del SMI no queden a merced de los gobiernos, sugiriendo así un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que estas subidas sean automáticas. Esto da pie a una discusión más amplia sobre cómo se determina esta renta y sobre quienes deberían tener voz en el proceso.
Recientes aumentos del SMI
En cuanto a los aumentos recientes, el Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para aumentar el SMI en un 5% para 2024, subiendo desde 1.080 euros hasta los actuales 1.134 euros. Sin embargo, este acuerdo no contó con el respaldo de las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, quienes argumentaron que no se atendieron sus demandas, como la indexación del SMI a los contratos públicos o la creación de bonificaciones para el sector agrícola.
Cabe recordar que a inicios de 2023, el Gobierno también alcanzó un acuerdo, solamente con los sindicatos, para un aumento del SMI del 8%. A lo largo de los últimos años, las discrepancias entre el Gobierno y los agentes sociales han sido notorias. La CEOE no apoyó las subidas de 2022 y 2021, mientras que sí participó en el acuerdo para el incremento de 2020, que elevó el salario mínimo de 900 a 950 euros mensuales.
Discrepancias sobre el SMI actual
A pesar de los acuerdos alcanzados, persisten dudas sobre si el SMI ha alcanzado efectivamente el 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea. Desde el Ministerio, se considera que este objetivo se ha cumplido, mientras que los sindicatos sostienen que aún hay un camino por recorrer para lograr este nivel.
El compromiso del Gobierno es garantizar, a través de cambios legales, que el SMI represente al menos esta proporción del salario medio. A este fin, el comité de expertos, que sirve como asesor del gobierno, sigue elaborando recomendaciones enfocadas en este propósito, utilizando análisis exhaustivos y estudios comparativos.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado que en las próximas negociaciones defenderá un aumento del SMI, al menos, equivalente a lo que están experimentando los salarios medios en España, superando el IPC. Mientras tanto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha planteado que la subida en 2025 debería estar entre el 5% y el 6%, lo que situaría la nueva cifra en 1.191 o 1.202 euros mensuales.
Con todos estos aspectos en juego, el futuro del SMI y su impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores se presenta como una de las grandes preocupaciones del ámbito económico español. La negociación que se avecina sin duda será fundamental para definir las condiciones laborales y financieras de millones de trabajadores en el país.
