El pasado miércoles, el Gobierno, junto a los sindicatos CCOO y UGT, firmó un acuerdo crucial para recuperar la jubilación parcial de los empleados públicos. Esta medida se enmarca en el compromiso de modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Este avance responderá a una necesidad social que se ha planteado en los últimos años y que ahora comienza a materializarse.
Convocatoria de la mesa general
Este jueves, se llevará a cabo la constitución de la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde el Gobierno se reunirá con los sindicatos de la Función Pública. Durante esta reunión, se ratificará el mencionado acuerdo que busca facilitar la jubilación parcial para los empleados públicos y estatutarios, según han indicado fuentes cercanas a las negociaciones.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, junto con los representantes de CCOO y UGT, ha jugado un papel fundamental en este proceso. La implementación de esta medida es un paso hacia la modernización de las condiciones laborales de los funcionarios, que, sin duda, redundará en un beneficio para el servicio público.
Detalles del acuerdo
El nuevo acuerdo implica que la jubilación parcial permitirá a los trabajadores públicos compaginar un empleo a tiempo parcial con el cobro de una parte de su pensión. Esto es particularmente relevante, ya que se prevé que pueda ser acompañado por un relevo laboral mediante otro trabajador. Además, se establecerá un marco normativo que se alinee con la legislación de la Seguridad Social y de Clases Pasivas.
Como parte de este enfoque, la figura del personal «relevista» se regulará como funcionario de carrera, lo que garantizará que los puestos vacantes estén contemplados en las ofertas de empleo público. Al tener en cuenta estas plazas, se asegura que la implementación de la jubilación parcial no genere costos adicionales para el presupuesto estatal.
Compromisos de reformas
Este acuerdo no solo es un avance, sino que también da cumplimiento a uno de los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 por los mismos sindicatos. La implementación de esta reforma es esencial para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, algo que la ciudadanía también espera ver reflejado en la calidad del servicio.
Por si fuera poco, este acuerdo sienta las bases para futuras negociaciones. De hecho, se contempla que la jubilación parcial en el sector público se ajuste a las adaptaciones normativas necesarias, siempre buscando el equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema público.
CSIF y sus reivindicaciones
Por su parte, CSIF ha reaccionado favorablemente a la convocatoria de la Mesa General, viéndola como una oportunidad para desbloquear la negociación colectiva de diversas condiciones laborales que afectan a los empleados públicos. La central sindical ha expresado la urgencia de comenzar a negociar la subida salarial para el próximo año, además de otros temas cruciales como la supresión de la tasa de reposición y nuevas ofertas de empleo público para 2025.
En un comunicado, CSIF ha señalado que ha sido lamentable «perder tanto tiempo» y ha instado al Gobierno a actuar de inmediato. La central subraya que la falta de avance en las negociaciones salariales es un tema preocupante, sobre todo cuando el contexto económico presenta tantos desafíos.
Perspectivas futuras
La recuperación de la jubilación parcial es un avance significativo para los trabajadores públicos, pero también plantea interrogantes sobre cómo se gestionará su implementación. Con un marco regulador que se espera sea consensuado en las próximas mesas de diálogo, los empleados deben estar atentos a cómo evolucionarán estas negociaciones en los meses venideros.
Asimismo, se anticipa que la mejora de las condiciones laborales, incluidas las salariales, se convierta en un tema central de discusión a medida que se aproximen las elecciones y aumente la presión sobre el Gobierno. La capacidad para atraer y retener talento en el sector público dependerá en gran medida de cómo se avance en estas cuestiones.
Las expectativas son altas entre los empleados públicos, que han estado esperando reformas significativas que impacten positivamente en sus condiciones laborales. El futuro parecería estar apuntando a un clima de diálogo y cooperación, en el que los derechos de los trabajadores sean una prioridad. Esto podría ser una etapa crucial en la modernización del sistema de administración pública del país, y solo el tiempo dirá cómo se materializan estos compromisos.
