La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su decidido rechazo a una directiva europea que considera perjudicial para los derechos de los trabajadores. En su intervención, realizó fuertes críticas a la presidencia de Hungría, liderada por Viktor Orbán, acusándola de «laminar» los derechos laborales en este nuevo texto. ¿Cómo es posible que una propuesta destinada a proteger a los trabajadores en formación termine por restringir sus derechos?
El rechazo del Gobierno español
Díaz adelantó que, junto a otros nueve Estados miembros, está trabajando para bloquear esta directiva que podría modificar significativamente las prácticas laborales en Europa. El rechazo de España, que se une al de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Lituania, Portugal y Rumanía, busca frenar lo que ella describe como un grave retroceso en la protección laboral. Esta unión de países, en lo que se espera sea una coalición sólida, tiene como objetivo demostrar que la seguridad y los derechos de los trabajadores son innegociables.
La vicepresidenta no ocultó su descontento al señalar que “es inaudito que una directiva que tiene que ver con propiciar derechos laborales y dar seguridad a las personas que se encuentran en procesos de formación vean laminados sus derechos”. Este es un sentir compartido por otros líderes europeos que están preocupados por el futuro de la normativa laboral en un contexto donde la formación y el aprendizaje son clave para una economía competitiva.
Controversia en la redacción de la directiva
En sus declaraciones, Díaz subrayó que el texto presentado por la presidencia húngara incluye un listado de exclusiones que contradice principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se preguntó cómo es posible que un documento diseñado para proteger los derechos laborales incluya elementos que limitan esas mismas protecciones.
La felicitación de la propia directiva por ofrecer “caminos para no aplicar” las disposiciones de protección es algo que robustece su argumento de que la propuesta está mal concebida. Un sistema que apueste por la exclusión de las prácticas formativas es, a su juicio, «radicalmente opuesto al sentido común».
Un modelo económico en peligro
Díaz también abordó lo que considera un modelo económico fallido que se esconde detrás de esta directiva. El enfoque “low cost” que promueve una competencia a la baja entre empresas y trabajadores no es sostenible, sostuvo. En cambio, argumentó que Europa debe avanzar hacia «más y mejores derechos laborales para ser más eficiente económicamente».
“¿Por qué deberíamos conformarnos con un modelo que degrade las relaciones laborales?”, se cuestionó. En su opinión, la tendencia actual es peligrosa y afecta a todos los trabajadores, tanto en formación como en el conjunto de Europa. Un entorno laboral más equitativo y justo es crucial no solo para la dignidad de las personas, sino también para la sostenibilidad de la economía en general.
Compromiso del Gobierno español
Este firme rechazo por parte del Gobierno español refleja su compromiso con la defensa de los derechos laborales. La ministra ha expresado que es fundamental que las políticas europeas no solo se conciban como herramientas económicas, sino también como instrumentos que promuevan el bienestar de los ciudadanos.
El desafío ahora será ver si esta coalición puede realmente frenar la aprobación de este texto en el Consejo de ministros de Trabajo de la UE. En un momento donde la presión económica y social es palpable, proteger los derechos laborales es más urgente que nunca.
El grave retroceso que representa esta directiva, según Díaz, no debería ser admitido, ya que comprometería las bases del trabajo digno en Europa. Ella ha dejado claro que la lucha por los derechos laborales es un tema de justicia y equidad que merece la atención y el compromiso de todos los países.
