El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha dejado clara su postura sobre la inminente discusión del Gobierno en torno a la reducción de la jornada laboral. En una reciente entrevista, subrayó que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, «se excedería de sus competencias» si decide aplazar más allá de 2025 la implementación de esta medida, que busca establecer una jornada de 37,5 horas semanales.
Reclamaciones urgentes ante el incumplimiento
Durante la entrevista, Pérez Rey expresó su preocupación por lo que considera un «incumplimiento del pacto de coalición», lo cual sería «una consecuencia muy grave». Recordó que la firma entre PSOE y Sumar establece la rebaja del tiempo de trabajo, un compromiso que afecta a 12 millones de trabajadores. «El Consejo de Ministros tiene cuanto antes que enviar al Congreso de los Diputados la reducción de la jornada», insistió, destacando que esta solicitud es una exigencia no solo de los votantes socialistas, sino de una amplia población laboral.
Además, subrayó que el tiempo se está agotando para que la medida avance desde el Consejo de Ministros al Congreso, por lo que pidió al PSOE que cumpla con lo pactado. Este llamado se produce en un contexto de disputas entre los Ministerios de Economía y Trabajo. Justamente, la ministra Yolanda Díaz ha denunciado que Cuerpo está intentando ralentizar el proceso y está limitando que la reducción de la jornada se trate con carácter urgente.
Disputas internas y plazos ajustados
La controversia entre ambos ministerios se ha intensificado, especialmente después de que Díaz apuntara a que el ministro de Economía no está permitiendo que el texto de la reducción de jornada se incorpore a la agenda de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Hasta el momento, la propuesta no ha sido considerada en la reunión programada para el 13 de enero. Sin embargo, hay expectativas de que se pueda presentar para su revisión en la sesión del 27 de enero.
Pérez Rey ha manifestado que no contempla otro escenario que no sea la aprobación de la reducción de jornada por vía de urgencia, advirtiendo que «esta es otra encrucijada más» en la relación entre ambos ministerios. Desde el Ministerio de Trabajo, se hace un llamado claro: se requiere que se respete lo acordado y se avance en los compromisos firmados en el marco del diálogo social, especialmente después de una larga serie de negociaciones con los sindicatos.
El diálogo social y sus implicancias
El compromiso con el diálogo social es clave en este contexto. Pérez Rey recordó que, hasta la fecha, no ha habido precedentes de incumplimientos por parte del Ministerio de Trabajo hacia las organizaciones sindicales. «Esto no puede ser un precedente nefasto que pondría en duda nuestro respeto al diálogo social», afirmó. Reiteró que sería una flagrante violación del compromiso de coalición y advirtió que eso podría llevar al Gobierno a un territorio que «nadie quiere».
La reducción de jornada ha sido un tema delicado en la agenda política actual. A medida que se aproximan las fechas de aprobación, la presión sobre los diferentes actores se incrementa. La colaboración y el compromiso se presentan como mandatorios para garantizar que se materialicen los acuerdos existentes.
El salario mínimo interprofesional y su futuro
Otro punto de atención en esta discusión radica en la propuesta del Ministerio de Hacienda de evaluar un aumento en el salario mínimo interprofesional (SMI). Ante una pregunta sobre si este aumento implicaría tributación en el IRPF, Pérez Rey reiteró la postura del Ministerio de Trabajo de proteger a los trabajadores de las rentas más bajas. «Nuestra posición es preservar a las rentas más bajas de la imposición», afirmó.
Desde el Ministerio de Trabajo se están considerando recomendaciones de expertos que sugieren una subida de 50 euros en el SMI para 2025, lo que representaría un incremento de más del 4% respecto al SMI actual. Este proceso de revisión y ajuste presenta una oportunidad para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto donde la inflación y el coste de la vida siguen siendo cuestiones preocupantes.
Las implicaciones de estas propuestas son amplias y afectan tanto a la economía personal de los trabajadores como a la dinámica del mercado laboral en su conjunto. Los próximos días serán cruciales para valorar cómo se desarrolla este escenario y qué decisiones se toman por parte de los dirigentes políticos.
En resumen, la situación actual revela tensiones significativas dentro del Gobierno en torno a la reducción de jornada y otros temas laborales. La urgencia de tomar decisiones no solo reside en el cumplimiento de acuerdos, sino también en generar un entorno laboral más justo y sostenible. Las expectativas de un cambio real están presentes, pero el tiempo apremia para hacerlos realidad.