El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha expresado su preocupación por la situación de los empleados públicos en España durante una rueda de prensa. En lo que respecta a la temporalidad, Borra ha señalado que más del 35% de los empleados públicos están en esta situación, lo que contrasta de manera alarmante con el límite del 8% establecido por la ley de Estabilización del Sector Público de 2021. Esta cifra, que sigue “estancada” y por encima del límite acordado con Bruselas, ha llevado a la Unión Europea a abrir dos expedientes sancionadores contra España que podrían resultar en multas millonarias.
Las demandas del CSIF
El sindicato ha realizado un llamado a CCOO y a UGT para unir fuerzas y organizar una protesta masiva en toda España. El objetivo es claro: instar al Gobierno a sentarse a negociar una subida salarial para los funcionarios y a abonar el 0,5% de incremento que aún se debe desde el año pasado. Borra ha declarado: «Estamos a 8 de mayo y, a diferencia de la mayoría de los españoles, los trabajadores de la administración pública seguimos con nuestros sueldos congelados».
Aparte de los atrasos salariales, el presidente de CSIF ha destacado el endeudamiento que el Gobierno tiene con el conjunto de empleados públicos, calculando que asciende a 1.200 millones de euros en total. Esto no solo desmotiva a los trabajadores, sino que afecta directamente la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
La inestabilidad laboral
Junto al problema de los salarios, Borra también ha denunciado la creciente inestabilidad laboral en las plantillas públicas, que se enfrentan al desafío del envejecimiento. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el primer trimestre de este año, las AAPP han sufrido una pérdida de 92.000 trabajadores. Esta cifra representa la mayor destrucción de empleo de la serie histórica y es motivo de gran preocupación para el sindicato.
Además, Borra ha señalado que más del 60% de los empleados públicos tienen más de 50 años. En la próxima década, cerca del 30% de ellos podría jubilarse, lo que podría provocar un colapso en servicios esenciales como el SEPE y la Seguridad Social. Esto plantea una urgente necesidad de acción por parte del Gobierno.
Desarrollo de la temporalidad
Durante la presentación de un informe sobre la evolución de la temporalidad en el sector público, Borra destacó que, a pesar de que más de 330.000 empleados han adquirido la fijeza en la administración, la situación actual sigue siendo insatisfactoria. «La temporalidad está por encima del 30%, lo que evidencia el fracaso de los procesos de estabilización desde 2021«, subrayó Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF.
A pesar de que se han ofertado un total de 544.151 plazas en los últimos cuatro años, más del 32% de estas siguen sin cubrirse. La falta de una estrategia clara para abordar la temporalidad también se ve reflejada en la incapacidad de muchos municipios para proporcionar datos pertinentes al Ministerio de Función Pública.
Las tasas de temporalidad en el sector público
Los datos revelan que la tasa de temporalidad en el sector público se sitúa actualmente en un preocupante 35,5%. De los más de 3 millones de empleados públicos, aproximadamente 1,07 millones son temporales. Esta problemática es aún más aguda en sectores como la universidad, donde la tasa se acerca al 50%, y en la Sanidad, donde supera este porcentaje. En el ámbito de la Justicia, la temporalidad también se encuentra por encima del 31%.
Borra ha expresado que esta situación es el resultado de una falta de compromiso por parte de los gestores, ya que la tasa de reposición continúa vigente. Esta tasa establece un límite en la reposición de efectivos jubilados, lo que limita las posibilidades de crear ofertas de empleo público y lleva a las administraciones a depender de contratos temporales.
Propuestas y acciones futuras
Ante este panorama, CSIF hace un llamado a la acción. El sindicato propone establecer sanciones «ejemplares» para los gestores que no cumplan con la ley, así como eliminar la tasa de reposición de efectivos. De esta manera, se podrían facilitar ofertas de empleo público que ayuden a prevenir la contratación temporal y aporten estabilidad a las plantillas.
Finalmente, Borra ha insistido en que el Gobierno debe actuar con urgencia. La reclamación de una subida salarial y la necesidad de abordar la temporalidad son desafíos urgentes que requieren atención. La inacción en estos frentes no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino también la calidad del servicio público que reciben todos los ciudadanos. Ahora más que nunca, la organización y la protesta común se presentan como herramientas fundamentales para lograr cambios significativos que beneficien a todos.
