El Congreso de los Diputados dará un paso significativo este miércoles al debatir y votar un decreto ley que busca facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo. Esta norma, consensuada entre sindicatos y patronal, ha recibido el apoyo del Partido Popular (PP), mientras que algunos de los socios de izquierda del Gobierno, como Podemos, Bildu y el BNG, han expresado su rechazo a la medida.
Los cambios que se proponen sobre la jubilación son parte de una reforma más amplia, iniciada durante la legislatura pasada, cuando el exministro José Luis Escrivá puso en marcha una serie de modificaciones para abordar la cuestión de las pensiones. En este caso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho hincapié en el apoyo de su partido, argumentando que el acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos proporciona una base sólida para su respaldo.
Críticas desde la izquierda
Sin embargo, este apoyo no es compartido por todos. Desde Bildu y Podemos han surgido contundentes críticas, alegando que el decreto en realidad promueve una elevación encubierta de la edad de jubilación. Aseguran que esta normativa podría presionar a los pensionistas con rentas más bajas a permanecer más tiempo en el mercado laboral.
El portavoz de pensiones de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, ha argumentado que el decreto «no representa a los y las pensionistas vascas» y que «no tiene el aval de la mayoría sindical vasca». En consecuencia, ha dejado claro que si el Gobierno no lleva a cabo modificaciones significativas, no contará con su apoyo en el Congreso.
Por otro lado, fuentes de Podemos han subrayado que este proyecto de ley aboga por «alargar la edad de jubilación de forma encubierta», lo que ha llevado a su decisión de votar en contra. El BNG, por su parte, ha alertado sobre «nuevos elementos regresivos», especialmente en lo que se refiere a la jubilación demorada, que entienden como una forma de aumentar el tiempo de trabajo más allá de la jubilación efectiva.
Aspectos destacados del decreto
Este decreto también introduce cambios importantes en la regulación de la jubilación activa. Por primera vez, se elimina la necesidad de tener una carrera de cotización completa para acceder a esta modalidad. Ahora, se definirá la compatibilidad de la jubilación activa con los incentivos de demora, y el porcentaje de la pensión recibida se incrementará según el tiempo que se decida demorar el acceso a la jubilación. Por ejemplo, si se posterga un año, se aplicará un 45% de la pensión, porcentaje que puede llegar hasta el 100% si el retraso es superior a cinco años.
Además, el decreto establece que el porcentaje de la pensión aumentará cinco puntos porcentuales por cada doce meses de actividad profesional ininterrumpida, siempre sin superar el 100% de la pensión acumulada. Así, se busca incentivar a los trabajadores a continuar en el mercado laboral y recompensar el esfuerzo de quienes retrasen su jubilación.
Jubilación parcial en la industria manufacturera
En relación con la jubilación parcial, se propone ampliar la posibilidad de acceso anticipado a la jubilación de dos a tres años, aunque con adaptaciones en la reducción de la jornada laboral. Este es un intento por facilitar la transición hacia la jubilación para quienes lo necesiten.
Además, en lo que respecta al trabajador relevista, se mejoran las condiciones al establecer que su contratación será indefinida y a tiempo completo. Estos cambios entrarán en vigor el 1 de abril de este año, lo que podría beneficiar a muchos trabajadores que se encuentran en esta situación.
Por otro lado, resulta relevante la prórroga de la regulación especial de la jubilación parcial para los empleados de la industria manufacturera, que se extenderá hasta 2029, permitiendo a este sector disfrutar de mayor estabilidad en sus condiciones laborales mientras se acercan a la jubilación.
Mejoras en la jubilación demorada
El decreto también introduce novedades en la jubilación demorada, permitiendo un incentivo adicional por cada seis meses de espera a partir del segundo año de demora. Esto es un avance significativo para quienes deciden prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación y podría resultar en un aumento considerable en el monto de su pensión.
Estas reformas surgen en el contexto del Pacto de Toledo, y están dirigidas a garantizar un futuro más sostenible para el sistema de pensiones en España. En concreto, la recomendación número doce de dicho pacto se enfoca en la edad de jubilación y busca acercar la edad efectiva de jubilación a la legal ordinaria, ofreciendo diversas opciones a los trabajadores.
Además, el Gobierno tiene el mandato de realizar un análisis en un plazo de seis meses sobre los requisitos de jubilación flexible, con el fin de incentivar su uso y adaptar las normativas a las necesidades de los trabajadores.
Por último, el decreto también contempla mejorar las condiciones de acceso a la jubilación para trabajadores fijos discontinuos, restaurando el coeficiente multiplicador del 1,5. Esta medida podría facilitar el acceso a pensiones dignas para este importante grupo laboral que ha enfrentado diversas dificultades a lo largo de su carrera profesional.