La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado diversas movilizaciones para solicitar mejoras laborales y salariales para los empleados públicos en España. Ayer, miles de estos trabajadores se manifestaron en varias ciudades del país, incluyendo una concentración significativa frente al Ministerio de Hacienda en Madrid. Estas protestas no solo son un llamado de atención al Gobierno, sino que también marcan el inicio de un proceso de negociación que el sindicato espera se formalice pronto.
Protestas en varias ciudades
Las movilizaciones se han extendido a las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias, lo que demuestra el amplio apoyo que CSIF tiene entre los empleados públicos. Estas actividades no se limitan a un solo día, ya que se ha anunciado que continuarán el próximo 16 de diciembre. Los manifestantes buscan visibilizar su descontento y la urgencia de establecer un diálogo con el Ejecutivo para resolver cuestiones fundamentales relacionadas con sus condiciones laborales.
Exigencias de los empleados públicos
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha expresado su preocupación ante la «incapacidad del Gobierno» para llevar a cabo las reformas necesarias en el sector público. Según Borra, es vital que se alcance un acuerdo de financiación y que se avance en la discusión sobre los presupuestos destinados a la administración pública. La organización sindical se siente cada vez más frustrada por la falta de avances y está dispuesta a considerar nuevas medidas «más contundentes» si se ignoran sus peticiones.
La negociación de un nuevo acuerdo salarial se vuelve imprescindible, ya que el actual se aproxima a su finalización a finales de diciembre. Durante este tiempo, los empleados han experimentado una pérdida notable de poder adquisitivo, estimada en un 5% desde la firma del acuerdo con CCOO y UGT, y un 20% desde los recortes de 2010. Este deterioro ha generado un clamor generalizado por parte de los trabajadores, que sienten que se les ha dejado atrás.
La estructura salarial y la recuperación de derechos
Borra señala la «vital importancia» de recuperar la estructura salarial que existía antes de los recortes de 2010. Esto incluye el restablecimiento del pago íntegro de la paga extra, que constituyó una parte esencial de la compensación de los empleados públicos. Además, el sindicato está presionando para que se firme un nuevo pacto de oferta de empleo público para el año 2025, que elimine la tasa de reposición y permita un incremento en la plantilla del sector público.
Por otro lado, CSIF ha hecho hincapié en la necesidad de culminar el plan de estabilidad para las plazas de personal interino, lo que permitiría un mejor manejo de la gestión pública. También han requerido la implementación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado, así como el reconocimiento de la carrera profesional y la posibilidad de teletrabajo para los empleados públicos.
Demandas de atención sanitaria y equiparación de salarios
Además de cuestiones salariales, CSIF ha planteado exigencias significativas en torno a la atención sanitaria, reclamando garantías de continuidad bajo el modelo de mutualismo administrativo. La adecuada financiación de estos servicios es un punto crucial en sus demandas, ya que la calidad de la atención depende de ello.
Es imperativo también considerar la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. Los empleados públicos en diferentes territorios a menudo reciben salarios desiguales por el mismo trabajo, lo que genera un descontento palpable. La mejora de las condiciones de jubilación también está en la lista de requisitos del sindicato, que considera fundamental para asegurar un futuro digno para los trabajadores.
En resumen, los empleados públicos de España están en un momento decisivo. Las protestas de ayer marcan solo el comienzo de un movimiento más amplio para reivindicar sus derechos y mejorar su situación laboral. Una combinación de movilización y negociación es lo que se necesita para darle un giro a esta situación, y el tiempo es esencial. Tras estas iniciativas, la firme expectativa es que el Gobierno responda al clamor de estas miles de voces que demandan justicia y equidad en sus condiciones laborales y salariales.
