La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su preocupación respecto al anteproyecto del Ministerio de Trabajo que propone la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas. Según la patronal, esta medida carece de fundamento y se basa en afirmaciones «gratuitas» y sin rigor, lo que podría tener repercusiones negativas para la productividad en el país.
Argumentos de la CEOE sobre la productividad
La CEOE destaca que, en lugar de la reducción de la jornada laboral, es el incremento de la productividad lo que debería ser la prioridad. En su análisis, la patronal apunta que para que España alcance un nivel de productividad comparable al de la media europea, la jornada laboral efectiva debería estar en torno a las 41,2 horas semanales. Esta discrepancia se hace evidente cuando se observa que, desde 2019, la productividad por ocupado ha disminuido notablemente en España, a diferencia de otros países de la Unión Europea.
Además, apunta que en países que tienen una jornada efectiva similar a la española, los niveles productivos son significativamente mayores. «Para tener un nivel de productividad en consonancia con la media de los países analizados, la jornada efectiva en España debería estar en torno a 41,2 horas semanales», advierte la CEOE.
Impacto en la negociación colectiva
La patronal también analiza cómo la modificación de la jornada laboral podría afectar el delicado equilibrio de la negociación colectiva en el país. Según la CEOE, la negociación ha permitido desde 2019 reducir la jornada máxima en función de las necesidades productivas de cada sector. Actualmente, el 24,78% de los convenios con efectos económicos en 2024 establece jornadas entre 37,5 y 38,5 horas semanales, afectando a un 27,98% de los trabajadores cubiertos.
Esta flexibilidad, argumenta la patronal, ha sido crucial para mantener la competitividad empresarial y facilitar la conciliación de la vida laboral y personal. Sin embargo, la CEOE advierte que la propuesta de rebaja de jornada ha paralizado la negociación colectiva. «Lamentablemente, lo anterior es solo el comienzo. La conflictividad laboral será inevitable», asegura la organización.
Críticas a la propuesta del Ministerio de Trabajo
La CEOE critica que el borrador de la ley contiene confusiones y falta de rigor. «El legislador puede limitar la duración máxima de la jornada legal, pero nunca como un elemento de fijación de la jornada convencional pactada», argumenta. Esta perspectiva se agrava al considerar que la propuesta del Ministerio de Trabajo podría constituir una injerencia sin precedentes. Además, la patronal resalta que la acción política está desnaturalizando el diálogo social, transformándolo en una mera herramienta de comunicación al servicio de los anuncios ministeriales.
En océano de críticas, República de CEOE también enfatiza que su perspectiva no es solo sobre el control de horas de trabajo, sino también sobre la sostenibilidad del modelo de relaciones laborales en el país. En un entorno donde se omite el mandato constitucional de consulta a los interlocutores sociales, esta propuesta se convierte en un ejemplo más de colonización de la autonomía colectiva.
Visión de la CEOE sobre otros contextos europeos
Mientras algunos países de la UE han implementado proyectos piloto de reducción de jornada por voluntad de los trabajadores, la CEOE enfatiza que no se puede aplicar una política similar desde la imposición legislativa. En su comunicado, la organización menciona que actualmente, 25 naciones de la UE mantienen jornadas máximas de 40 horas, indicando que la situación en España no es única ni excepcional.
Además, la patronal pone de relieve que la diferencia media entre las horas pactadas y las efectivas supera las cinco horas, un fenómeno que atribuyen a un incremento del absentismo y la incapacidad laboral. Se estima que el aumento de las incapacidades temporales por enfermedad común ha impactado negativamente en la jornada laboral efectiva de muchos trabajadores.
Conclusiones sobre la propuesta de trabajo
Finalmente, la CEOE subraya la necesidad de evaluar cuidadosamente cualquier modificación en la jornada laboral para entender su impacto real en la economía y el empleo. El diálogo social, según la entidad, ha de ser un referente verdadero para fijar las condiciones laborales, en lugar de ser utilizado como un mecanismo de propaganda política.
Los empresarios argumentan que la reducción de jornada no se traduce automáticamente en beneficios para los trabajadores, y que el enfoque debe estar en cómo mejorar la productividad antes de implementar cambios en la organización del tiempo laboral. Ante este escenario, es imperativo mantener un análisis riguroso y fundamentado sobre los efectos potenciales de estas reformas en el entorno laboral español.