Comisiones Obreras (CCOO) ha realizado un llamado de atención este viernes sobre la Oferta de Empleo Público (OEP) propuesta por el Gobierno para 2025, calificándola de «insuficiente». De acuerdo con el sindicato, se requieren al menos 26.400 puestos para garantizar una cobertura adecuada de los servicios públicos. Esta cifra se vuelve aún más relevante en un contexto donde el volumen de personal público apenas se mantiene, a pesar del creciente aumento de servicios que se presta a la ciudadanía.
Detalles de la mesa técnica
Función Pública convocó recientemente a los sindicatos a una mesa de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo. El objetivo era continuar las negociaciones sobre la OEP, aunque no se esperaba que este encuentro fuera el «definitivo». En su lugar, era una reunión preparatoria ya que la verdadera mesa de negociación es donde se firman los acuerdos.
Durante este encuentro, el Ministerio encabezado por Óscar López no presentó una cifra global adecuada de la OEP. Esta falta de información llevó a los sindicatos a rechazar un posible acuerdo. CCOO expresó su disposición a seguir negociando bajo la condición de que se comprometa un volumen de empleo proporcional al número de bajas, que en 2024 superó los 12.000 puestos. ¿No resulta razonable que el Gobierno responda a estas necesidades?
Requerimientos de personal y propuestas
La realidad es que la oferta presentada por el Ejecutivo asciende a 20.000 plazas en la Administración General del Estado (AGE), dejando en el camino 4.500 de empleo neto, una cifra que representa menos de la mitad de lo que se ofreció el año pasado. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas que el Gobierno considera como «ofertas históricas».
CCOO ha manifestado con claridad que la propuesta del Gobierno «queda muy lejos» de las necesidades reales de los servicios públicos. A su juicio, la cantidad mínima de 26.400 plazas es esencial para cubrir un servicio que no solo debe mantenerse, sino también expandirse para satisfacer la demanda creciente de la ciudadanía.
Medidas complementarias necesarias
Por otra parte, CCOO reclama medidas complementarias que aseguren el éxito de las convocatorias, insistiendo en la necesidad de cubrir la totalidad de las plazas. Analizando los datos disponibles, se estima que hay casi 5.000 plazas desiertas en 2024. Este es un claro indicador de que algo no está funcionando adecuadamente.
Además de esto, el sindicato subraya el «imprescindible refuerzo» de la promoción interna, una herramienta que consideran esencial para adaptarse a las necesidades cambiantes de la Administración. Promover a los empleados desde dentro no solo mejora la eficiencia, sino que también motiva al personal.
Sin embargo, hay un aspecto que genera preocupación: «El Gobierno no quiere reconocer este derecho para el personal laboral del Servicio Exterior, a pesar del acuerdo pactado para el retorno del talento en el extranjero», apuntan desde CCOO. Es fundamental, entonces, que se reconozcan y respeten los derechos de todos los empleados públicos.
Necesidades en sectores específicos
Por último, otras inquietudes que CCOO destaca son la necesidad de publicar ofertas extraordinarias en ámbitos deficitarios donde se prevén altos volúmenes de jubilaciones o nuevos servicios públicos, tales como Extranjería, Justicia, Seguridad Social o SEPE. Estas áreas requieren atención inmediata para no desatender a la ciudadanía.
Además, CCOO plantea medidas para la jubilación parcial inmediata del personal laboral, así como un calendario de procesos selectivos que facilite la organización del estudio para aquellos interesados en participar en el ingreso libre o la promoción interna. Estas propuestas están diseñadas para asegurar un servicio público más robusto y eficaz.
En resumen, el contexto actual revela una necesidad crítica de abordar y repensar la Oferta de Empleo Público. No se trata solo de publicar números, sino de responder a las realidades del servicio público que los ciudadanos requieren cada día. Las plazas deben al menos alcanzar las 26.400 necesarias, y es crucial que el Gobierno escuche las demandas de los sindicatos para garantizar un servicio eficiente y de calidad a la ciudadanía.
