CCOO ha denunciado «graves problemas técnicos» en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde la implementación de un nuevo sistema asistencial por desempleo, que comenzó a funcionar el 1 de noviembre. En un comunicado oficial, el sindicato subraya que el fallo del sistema informático «colapsó» en su primer día hábil, lo que ha repercutido negativamente en la gestión de las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos.
Problemas de gestión y atención al ciudadano
El resultado del colapso ha sido dramático. Las solicitudes para acceder al nuevo subsidio por desempleo han pasado a formar parte de una creciente bolsa de retrasos. Esta situación no solo refleja los problemas técnicos, sino que también se agrava por la falta de personal en el SEPE. Muchos trabajadores aún carecen de la formación necesaria para manejar el nuevo sistema, lo que ha motivado que algunos hayan tenido que adquirir sus conocimientos «por su cuenta».
Simultáneamente, el sindicato comunica que existen más de 400.000 citas pendientes en el SEPE. Esto significa que la media de espera para ser atendido supera las tres semanas. La falta de respuesta ágil y eficaz a las solicitudes es preocupante, especialmente porque «en más del 30% de los casos no se están pagando las prestaciones en el mes siguiente a la solicitud», según CCOO. Además, cerca de un 15% de las unidades de atención al ciudadano permanecen cerradas por falta de personal.
Inversión premeditada sin resultados
CCOO expone que se invirtieron 30 millones de euros en el desarrollo de una nueva aplicación informática. Sin embargo, resulta alarmante que el sistema no funcionara adecuadamente desde su primer día. Para colmo de males, el sindicato critica que la capacitación destinada a la plantilla ha sido «insuficiente». Esta escasez de recursos ha llevado a que muchos empleados intenten familiarizarse con el nuevo sistema de manera autodidacta.
Déficit de plantilla en el SEPE
Para CCOO, el déficit de personal en el SEPE es «descomunal». Hasta el 30 de septiembre, la institución contaba con 7.508 trabajadores, y este número se está reduciendo a un ritmo alarmante, estimándose que cada año hay una pérdida del 10% del personal. Este proceso plantea un futuro sombrío: se prevé que, al finalizar 2024, el SEPE cuente con menos de 7.000 empleados, cuando realmente se necesitan alrededor de 12.500 para poder funcionar de manera eficiente.
Este escenario de reducción de personal no solo pone en peligro el servicio que se ofrece, sino que también impacta directamente en la capacidad del SEPE para atender las necesidades de millones de ciudadanos que dependen de un apoyo ágil y accesible. ¿Cómo se puede justificar que un servicio tan fundamental esté tan desprovisto de recursos?
Consecuencias de la mala gestión
La falta de atención a las demandas de la ciudadanía podría llevar a una erosionada confianza en un servicio que debe ser fundamental. «Los problemas técnicos y humanos ponen en grave riesgo la viabilidad de este servicio público fundamental por culpa de la incompetencia de la Dirección General y del Ministerio de Trabajo», señala CCOO. Este entorno conflictivo parece estar diseñado para empujar a la organización hacia una crisis, algo que el sindicato intentó evitar para no agravar la situación dentro del organismo.
Advertencias sobre un posible conflicto laboral
Ante este panorama desolador, CCOO ha advertido que se verá obligado a entrar en conflicto laboral «ante el riesgo cierto de colapso en el SEPE por la mala gestión de sus responsables». Esta advertencia no es menor, ya que estamos hablando de un sistema que debería ser robusto y eficiente, y que, en lugar de eso, se enfrenta a una crisis de gran magnitud.
Los ciudadanos merecen un servicio que funcione adecuadamente y que pueda atender sus necesidades de forma ágil. En resumen, la combinación de problemas técnicos y falta de personal en el SEPE están provocando una serie de retrasos que afectan a aquellos que más necesitan el apoyo del estado. La solución a estos problemas urgentes es fundamental para restaurar la confianza en este servicio público esencial.
