El requerimiento del Consejo de Europa sobre indemnizaciones por despido
El pasado 27 de noviembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa hizo eco de una preocupación creciente en España respecto a la indemnización por despido improcedente. Esta recomendación surge tras la denuncia realizada por UGT en 2022, que señalaba la vulneración de la Carta Social Europea en este ámbito. La exigencia del Consejo no es solo un requerimiento más; es un llamado a la acción para que el Gobierno establezca un sistema indemnizatorio adecuado y disuasorio que proteja efectivamente los derechos de los trabajadores.
El impacto de las reformas laborales
La formación política EH Bildu ha aprovechado esta oportunidad para solicitar al Gobierno que ajuste las indemnizaciones por despido, enfatizando que estas deberían garantizar la protección de los empleados. En su proposición no de ley registrada en el Congreso, se menciona que esta resolución contrarresta las reformas laborales implementadas en los últimos 30 años, en particular la reforma de 2012. Este cambio legislativo, según argumentan, resultó en un recorte significativo de las indemnizaciones, que se redujeron de 45 a 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente.
Los datos sobre el resto de derogar la reforma de 2012 han dejado a muchas personas trabajadoras en una situación de incertidumbre. Es alarmante ver que estas indemnizaciones no fueron restauradas con la reforma de 2021, lo que ha contribuido a la precarización de las condiciones laborales. Pero ¿qué significa esto a nivel práctico para los trabajadores en España? Significa que, en caso de un despido injustificado, la compensación que recibirían no es suficiente para proporcionarles estabilidad económica en un mercado laboral que está en constante cambio.
Una propuesta concreta para la protección del trabajador
En este contexto, EH Bildu ha demandado que se aumenten las indemnizaciones por despido improcedente, recuperando la suficiencia que existía antes de la reforma laboral de 2012. Esto se llevaría a cabo a través de una modificación de la legislación laboral en materia de despidos. ¿Por qué es necesaria esta modificación? Simplemente porque las indemnizaciones actuales no están a la altura de la necesidad de protección del trabajador. Al aumentar estas indemnizaciones, el objetivo es crear un sistema que no solo beneficie al empleado, sino que también actúe como un freno para las empresas que podrían verse tentadas a despedir de forma injustificada.
Es fundamental que las empresas comprendan que deben actuar de manera responsable y justa hacia sus empleados. Las indemnizaciones disuasorias pueden fomentar un entorno laboral más estable y seguro, beneficiando a la economía en su conjunto. En términos prácticos, se trata de asegurar que los trabajadores no se sientan vulnerables ante decisiones empresariales que, en muchos casos, pasan por encima de sus derechos. La creación de un marco más justo y equitativo podría ser un paso vital en la recuperación de la confianza laboral en España.
Reflexiones sobre la reforma laboral
Además, es importante reflexionar sobre el impacto de las reformas laborales en la sociedad. La reducción de las indemnizaciones no solo afecta a los trabajadores de manera individual, sino que también incide en el tejido social y económico del país. Al estar menos protegidos, los trabajadores pueden enfrentar mayores dificultades a la hora de encontrar un nuevo empleo, lo que a su vez puede tener un efecto en la economía general, aumentando la inestabilidad y la incertidumbre.
La situación que enfrentan muchos trabajadores en España podría cambiar significativamente si se toma en serio la recomendación del Consejo de Europa. La presión ejercida por organizaciones y partidos políticos para revertir los efectos negativos de la legislación laboral podría marcar un punto de inflexión. En última instancia, la cuestión fundamental es: ¿puede nuestro sistema asegurar que todos los trabajadores sean tratados de manera justa, sin tener que considerar a su trabajo como un riesgo constante?
Por lo tanto, la propuesta de EH Bildu es un claro intento de abordar estas preocupaciones existentes. La formación ‘abertzale’ no solo cuestiona las reformas pasadas, sino que también está buscando soluciones concretas para mejorar la situación de los trabajadores en España. Su intención es clara: garantizar que todos los trabajadores cuenten con la protección adecuada y que, ante un despido improcedente, se sientan respaldados por un sistema que proteja sus derechos.
Así, vemos que el llamado a aumentar las indemnizaciones por despido improcedente refleja una necesidad imperiosa en la sociedad laboral actual. La protección de los trabajadores no debería ser una cuestión de debate, sino una norma establecida que fomente un entorno justo, equitativo y seguro en el ámbito laboral.
