Esta semana, EH Bildu llevará al Congreso una iniciativa que busca que el Gobierno aumente la indemnización por despido improcedente, cumpliendo así con lo requerido por el Consejo de Europa. La propuesta tiene como principal objetivo proteger a los trabajadores y establecer una medida «disuasoria» para los empresarios, una cuestión que resulta crucial en el actual clima laboral.
Denuncia de incumplimiento a la Carta Social Europea
El contexto de esta iniciativa se remonta a la denuncia hecha por UGT en 2022, que alertó sobre la vulneración en España de la Carta Social Europea en relación a las indemnizaciones por despido improcedente. Tras esta denuncia, el 27 de noviembre, el Comité de ministros del Consejo de Europa emitió una recomendación, instando a establecer un sistema de indemnización que no solo sea adecuado, sino que además resulte disuasorio para las empresas.
La formación política ‘abertzale’ critica que esta recomendación contrasta con las reformas laborales que se han implementado en las últimas tres décadas. Según ellos, estas reformas han favorecido a los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores. En su proposición no de ley, que se debatirá el martes en la Cámara Baja, Bildu subraya que esta situación es insostenible.
Refuerzo de las indemnizaciones por despido
EH Bildu propone un aumento en las indemnizaciones por despido, asegurando que esto no solo brindaría una mayor protección para los trabajadores, sino que también establecería un equilibrio más justo entre las partes. La idea es restaurar las indemnizaciones al nivel previo a la reforma laboral de 2012, ajustando así la legislación laboral en lo que respecta a los despidos.
Este intento de recuperar la indemnización de 45 días por despido improcedente refleja un esfuerzo por parte de Bildu, que en el pasado ha colaborado con ERC y BNG en iniciativas similares. Sin embargo, en esta ocasión, Bildu busca avanzar de manera independiente, dado que el PSOE ha votado en contra de propuestas anteriores en este sentido.
Críticas a la reforma laboral de 2012
La reforma laboral de 2012 es un foco central de las críticas de Bildu, quienes argumentan que esta legislación redujo las indemnizaciones por despido improcedente, disminuyendo de 45 a solo 33 días por año trabajado. Estos cambios, según Bildu, han generado un ambiente laboral más inseguro para los trabajadores, quienes sienten que su estabilidad podría estar en juego.
A pesar de los intentos de restaurar medidas más favorables a los trabajadores durante la reforma laboral de 2021, que fue liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, Bildu lamenta que no se haya abordado este tema de las indemnizaciones de manera adecuada. ¿Está el Gobierno dispuesto a revertir estas decisiones que han afectado tan negativamente a los derechos de los trabajadores?
El futuro del diálogo social en España
La propuesta de Bildu por aumentar la indemnización por despido se sitúa en un momento crucial para el diálogo social en España. La vicepresidenta y ministra de Trabajo ha planteado que este será uno de los próximos retos que deberán abordar los agentes sociales. A medida que se trabaja en la reducción de la jornada laboral, será vital que este tema de indemnizaciones no quede relegado a un segundo plano.
En este sentido, la discusión sobre cómo proteger mejor a los trabajadores a través de indemnizaciones adecuadas podría abrir la puerta a un marco laboral más equitativo que, en última instancia, beneficiaría no solo a los asalariados, sino también a una economía más estable y justa. La pregunta es: ¿será este el momento en que, finalmente, se escuche la voz de quienes abogan por un cambio real en la legislación laboral en España?
El debate del martes en el Congreso se perfila como una oportunidad para revisar y considerar cambios importantes en el actual sistema laboral. Estas propuestas no solo buscan favorecer a las personas trabajadoras, sino que también están alineadas con las recomendaciones internacionales. Un avance en esta dirección podría evitar que muchas personas se enfrenten a situaciones de vulnerabilidad en el acceso a un empleo estable.
