El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado un paso significativo al poner a consulta pública el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, con el objetivo de recibir aportaciones y comentarios hasta el 7 de diciembre. Este proceso se presenta como un compromiso del Gobierno de coalición, buscando transformar de manera efectiva la estructura laboral en España.
Principales cambios en la jornada laboral
En el diseño de esta normativa, el Ministerio plantea una reducción de la jornada máxima legal semanal de 40 horas a 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025. Esta reducción se propone con el objetivo de fomentar la salud, la conciliación y la dignidad de los trabajadores. Además, se establecen disposiciones específicas para aquellos que trabajan a tiempo parcial o en jornadas reducidas.
Por otro lado, el Ministerio argumenta que esta modificación no es un capricho, sino que responde a «poderosos argumentos» en favor de su implementación. Desde la última regulación de la jornada máxima, que se remonta a 1983, la negociación colectiva ha sido la vía para ajustar el tiempo de trabajo, aunque en muchos sectores, como la hostelería o el comercio, aún persisten jornadas largas que se acercan al límite legal.
La necesidad de la intervención legal
Desde el Ministerio, se defiende la «intervención legal» como herramienta necesaria para rectificar las desigualdades en la carga laboral entre sectores. Esta necesidad se sostiene en el artículo 40.2 de la Constitución española, que insta a los poderes públicos a garantizar un equilibrio entre el trabajo y el descanso de los ciudadanos. La máxima de esto es promover no solo una jornada laboral justa, sino también un respiro necesario para el desarrollo personal y profesional.
Además, la propuesta busca no solo alinear la legislación con las pautas constitucionales, sino también contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza personal, tal y como está establecido en el artículo 40.1. Esta erradicación de desigualdades también aboga por la eliminación de obstáculos que dificulten la igualdad real y efectiva entre los individuos, como indica el artículo 9, lo que resalta la visión integral del Ministerio hacia una reforma más justa del trabajo.
Productividad y salarios: un desfase preocupante
Un punto crucial en el argumento del Ministerio es la relación entre la productividad laboral y la remuneración. Según datos de la OCDE, entre 1990 y 2022, la productividad por hora trabajada aumentó un 30%, mientras que los salarios reales apenas crecieron un 11.5%. La evolución de la productividad desde 1983, cuando se estipuló la jornada máxima legal, muestra un incremento del 54% en este ámbito.
A pesar de este crecimiento en la productividad, la remuneración de los trabajadores en España ha permanecido en un 48% del PIB durante décadas. Esta cifra es cuatro puntos inferior a la de países como Francia y Alemania, lo que refleja una necesidad urgente de ajustar no solo las horas de trabajo, sino también la compensación económica asociada.
Control horario y derecho a la desconexión
El anteproyecto de ley también aborda otros temas relevantes como el control horario y el derecho a la desconexión. Se pretende regular el registro horario en un único artículo, lo que significará la creación de un sistema eficiente y accesible para todos los trabajadores. El objetivo es ofrecer un sistema que sea «objetivo, fiable y accesible» para que tanto los empleados como la Inspección de Trabajo puedan consultarlo fácilmente, incluso de forma remota.
Además, se regularán las consecuencias de incumplimientos en el registro de horarios, tanto desde un punto de vista jurídico como sancionador. La propuesta también contempla la definición del derecho irrenunciable del trabajador a la desconexión fuera de su jornada laboral, incluyendo las modalidades de ejercicio de este derecho.
Beneficios de la reducción de jornada laboral
Implementar una jornada reducida no solo busca el bienestar del trabajador, sino que también se propone mejorar la productividad global y la rentabilidad de las empresas. Las estadísticas disponibles indican que permitir que los empleados equilibren mejor su vida personal y laboral, eventualmente puede resultar en mayor motivación y rendimiento.
El Ministerio sigue firme en su postura de que esta ley no solo es una cuestión de justicia laboral, sino también un imperativo para la salud mental y física de la fuerza laboral actual en España. Al final, se trata de construir un entorno laboral más sostenible y equilibrado que beneficie tanto a los trabajadores como a los empleadores.
La consulta pública abierta por el Ministerio es una oportunidad única para que los ciudadanos y las organizaciones se involucren en este proceso legislativo, proporcionando su opinión y aportaciones sobre un tema que afecta a millones de personas en el país.
